Así lo anunció este miércoles la federación en un comunicado en el que precisó que hasta el 74,2% de los anuncios de alquiler y venta analizados estaría “incurriendo en posible fraude” con respecto a la “correcta” presentación del etiquetado energético de las viviendas y que en ciudades como Madrid o Palma la cifra asciende al 89,3% y al 88%, respectivamente, según el informe ‘¿Cómo de eficientes son las viviendas que queremos habitar? Estudio sobre el estado de la certificación y características energéticas de las viviendas en el mercado inmobiliario’, publicado este miércoles por CECU.

En él se han analizado 450 anuncios de alquiler y compraventa en Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Palma y, según la federación, el 33,8% de estos anuncios no incluye la etiqueta energética de la vivienda y el porcentaje asciende al 52% en Palma y al 49,3% en Las Palmas de Gran Canaria, lo que supone un “incumplimiento directo” del Real Decreto 390/2021, que obliga a proporcionar esta información en cualquier oferta, promoción y publicidad de venta o alquiler de viviendas y establece que las empresas intermediarias, como las inmobiliarias y los portales de anuncios inmobiliarios, son también “responsables directos de cumplir con esta obligación".

A juicio de CECU, Idealista “evade” esta obligación en “numerosos casos”, tal y como se refleja en el informe, no solo por alojar anuncios sin la etiqueta energética, sino también al permitir la publicación de anuncios con el certificado energético “en tramitación”. “También son habituales los anuncios que alegan estar exentos de la obligación de poseer el certificado, pero ninguno de los que se han analizado cumplía con los requisitos para acogerse a esta exención”, según el informe de CECU.

A este respecto, el experto en vivienda de CECU Eloy Gutiérrez, subrayó que la etiqueta energética es la “principal herramienta” de la que disponen los consumidores para conocer el consumo energético de una vivienda y “estimar el gasto económico y el confort térmico que pueden alcanzar en ella”. “Su importancia es vital para que puedan tomar decisiones informadas y conscientes a la hora de alquiler o comprar una vivienda”, abundó.

PRÁCTICAS ILEGALES

En paralelo, CECU explicó que a estas prácticas “ilegales” se “suma” la publicación de anuncios cuya información sobre la etiqueta energética es “incorrecta”, tal y como ha “verificado” a partir del documento Calificación de la eficiencia energética de los edificios.

En el caso de Fotocasa, cuando un anunciante publica un anuncio sin esta información, el propio portal proporciona “por defecto y de forma arbitraria”, según la federación, unos valores “predeterminados” sobre el consumo y las emisiones o que “no se corresponden con la clase energética indicada”.

“Se trata de una práctica engañosa que vulnera la Ley de Competencia Desleal y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, advirtió, mientras que Gutiérrez indicó que esto “puede conducir a los consumidores a tomar decisiones tan importantes para el desarrollo de la vida como el alquiler o la compra de una vivienda basándose en información fraudulenta”.

Por último, según el estudio, la inmobiliaria Alquiler Seguro “incumple” la normativa al utilizar un distintivo que “imita” a la etiqueta energética “pero que no cumple con los requisitos establecidos, lo que puede inducir a error o confusión”.

“Este distintivo, además, aporta un valor que no especifica si corresponde a las emisiones de CO2 o al consumo energético de la vivienda, lo que, de nuevo, supone un incumplimiento de la obligación de proporcionar esta información a las personas consumidoras”, según la entidad.

FALTA DE INFORMACIÓN

El informe de CECU pone también “en evidencia” la falta de información proporcionada por inmobiliarias y portales de anuncios para conocer las condiciones de la vivienda, más allá de la etiqueta energética y, en este sentido, el 84,9% de los anuncios analizados no aporta información sobre el agua caliente; el 45,3% sobre la calefacción, el 57,6% sobre el aire acondicionado y el 79,6% sobre el año de construcción de la vivienda.

En este contexto, CECU insta a los organismos públicos competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, a “vigilar” estas prácticas por parte de las inmobiliarias y portales de anuncios y a “imponer las pertinentes sanciones”.

Junto a ello, pide a estas empresas intermediarias un “mayor compromiso” para “mejorar” la información proporcionada a los consumidores y cumplir con la normativa.