Así lo reivindicó en un comunicado en el que precisó que ha presentado sus aportaciones a la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la reforma del procedimiento de certificación energética de edificios.

La organización evaluó de manera “favorable” la iniciativa de garantizar información más fiable a las personas consumidoras, al entender que los certificados de eficiencia energética son “una herramienta fundamental” para conocer el consumo energético y el confort de las viviendas.

No obstante, reclamó también “cambios profundos” para que sea “verdaderamente útil” y “asegurar la protección contra el fraude”.

En este contexto, señaló la necesidad de que, en la futura modificación del procedimiento de certificación, las personas consumidoras dispongan de una unidad de medida “más accesible”, que permita estimar el gasto económico que supone para los hogares un certificado con una calificación concreta.

VALOR ACCESIBLE

“Actualmente, los certificados muestran el consumo energético en kilovatios hora por metro cuadrado al año y las emisiones en kilogramos de CO2 por metro cuadrado al año: datos relevantes para calcular la reducción de consumo y emisiones, pero poco útiles para tomar decisiones de compra”, advirtió.

Por ello, propone incluir un valor que no tenga un carácter técnico, pero que sirva para que las personas consumidoras estimen el desembolso en la factura de la luz que supondría habitar una determinada vivienda y facilite la toma de decisiones y la conciencia en torno a la importancia de la eficiencia energética para la economía de los hogares.

FRAUDE

Por lo que se refiere a la vigilancia contra el fraude, pide que se desarrolle un sistema de vigilancia y sanciones “más efectivo” que actúe en todas las fases de la certificación, incluidas tramitación, registro ante las administraciones competentes y publicación de anuncios de venta o arrendamiento de viviendas.

Además, considera que es necesario el desarrollo de un régimen sancionador propio con el fin de “disuadir prácticas fraudulentas”.