Así lo demandó en un comunicado en el que urgió a desarrollar una política de vivienda “que haga frente” al “vertiginoso incremento” en los precios del mercado inmobiliario, el “empobrecimiento” de los inquilinos, “ponga freno” a la “especulación” y garantice el acceso universal a la vivienda.

Para ello, propone ejecutar en esta legislatura el aumento al 20% del parque público de vivienda para alquiler asequible y “priorizar” la movilización del parque de vivienda vacía y el de propiedad de la Sareb, además de estudiar la aplicación de una moratoria en la construcción de nueva vivienda hasta la “erradicación” de las viviendas vacías.

Además, aboga por desarrollar de manera “urgente” un régimen sancionador ligado a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y modificarla con el fin de reducir el número de viviendas en la consideración de gran tenedor.

En paralelo, pide limitar el aumento del precio del alquiler sin que haya cambios materiales en la vivienda que “justifiquen” la subida de precio y prohibir la subida de alquileres de aquellas viviendas que hayan sido rehabilitadas con dinero público así como los desahucios sin solución habitacional y los cortes de luz y de agua, incluso en situaciones irregulares.

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Junto a ello, llama a “obligar” a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) a poner a disposición “gran parte” de su cartera de viviendas para alquiler social o alquiler por debajo del precio de mercado.

Asimismo, sugiere eliminar los beneficios fiscales a los propietarios de viviendas, salvo la vivienda habitual, “especialmente” a los Fondos de Inversión, Socimis y otros grandes tenedores.

En esta línea, propone también “incentivar” el alquiler de viviendas a menos de 15 minutos en transporte público del lugar de trabajo para facilitar la conciliación, mejorar las condiciones de vida y conseguir estar “alineados” con el objetivo de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por último, juzgó necesario desarrollar una política de rehabilitación energética que no solo “incluya”, sino que “priorice” a las personas en situación de “vulnerabilidad” y “asegure unas condiciones básicas de habitabilidad y salud en todos los hogares”.