Así lo reivindicó CECU en un comunicado en el que defendió que el texto “debe ser más ambicioso para cumplir plenamente sus objetivos” y en el que, entre sus “principales reivindicaciones”, urgió a “reforzar” los criterios de adquisición de alimentos y subrayó que al menos el 50% de estos deben provenir de canales cortos de distribución, los productos ecológicos deben suponer un mínimo del 25% del coste total, al menos el 50% de legumbres deben ser de producción estatal priorizando ecológicas o IGP/DOP y al menos el 60% del pescado, de temporada y sostenible.

“No hablamos solo de qué alimentos se sirven, sino de cómo se cocinan y en qué condiciones se obtienen. Dar más peso a las legumbres, reducir ultraprocesados y fritos, cuidar las técnicas culinarias y priorizar alimentos de proximidad y producción sostenible es una cuestión central de salud pública”, afirmó al respecto la técnica del área de alimentación de CECU Sarahi Boleko.

En paralelo, la federación también defiende la recuperación de cocinas in situ o comunitarias para “mejorar el control de la calidad nutricional, la preparación y la eficacia del servicio”.

No obstante, según el técnico del área de alimentación de CECU Eduardo Montero, estas medidas solo serán “viables” con un presupuesto “suficiente” y contratos que “prioricen calidad frente a precio”.

PRIORIZAR CALIDAD

“Para garantizar una alimentación adecuada en estos centros, los pliegos y contratos deben priorizar la calidad de los productos y de su preparación por encima del precio. Esto solo será posible si se garantiza financiación suficiente y si estos criterios quedan claramente recogidos en la contratación”, apostilló.

Con todo, la federación valoró el proyecto de Real Decreto al entender que “reconoce” la alimentación como una política de salud pública con “impacto en la equidad social”. Además, destacó que el borrador incluya también a los centros privados y a la oferta alimentaria en todos los servicios de restauración, incluidas las máquinas vending, al entender que se trata de una “decisión clave” para “evitar desigualdades” tanto por la titularidad del centro como por los distintos puntos de acceso a la alimentación.

A este respecto, advirtió de la necesidad de “no rebajar estas exigencias” a lo largo del proceso legislativo, “a pesar de las posibles presiones que pueda ejercer el sector”.