El CEDEHU, que subraya esta reflexión en un análisis del citado reglamento, argumenta que ese proceso, al dejar en manos de los empresarios la regularización de inmigrantes, puede dar lugar a una presión a la baja en las remuneraciones, despido o la negación a contratar a trabajadores que ya tenían empleo.

Además, este colectivo de Derechos Humanos critica aspectos de esa normalización como su "excesivamente breve" plazo de tres meses, el requisito del empadronamiento y la exclusión de los trabajadores inmigrantes autónomos.

Tras instar al Gobierno la regularización de todos los inmigrantes "sin papeles", el CEDEHU pide una nueva Ley de Extranjería al considerar que la actual es "insuficiente, restrictiva, antigarantista y desconoce el tratamiento igualitario de los derechos, libertades, deberes y garantías de los inmigrantes".

El CEDEHU concluye que de una "ley mala no puede salir un reglamento bueno, pero no es menos cierto que el Reglamento podría perfectamente haber desarrollado un proceso de regularización amplio, flexible, antiburocrático y garantista".