Cepes se expresó en estos términos en un comunicado, mientras que la Ley de Economía Social, que reforma la ley vigente sobre esta materia y las de cooperativas y empresas de inserción, fue aprobada en diciembre en el Congreso y está pendiente de ser debatida y votada en el Senado.

El ordenamiento jurídico español reconoce desde 2017 la diferenciación entre los Ceeis y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (Ceeie), una distinción avalada por la normativa vigente y por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Cepes explicó que la diferenciación radica en el rendimiento, pues mientras que los Ceeie desarrollan legítimamente su actividad con ánimo de lucro, los Ceeis carecen de ánimo de lucro y están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en su finalidad social principal, que es mejorar el acceso al empleo y las capacidades laborales de las personas con discapacidad, lo que les confiere una “finalidad social reforzada”.

Así las cosas, Cepes subrayó que no es cierto que la delimitación de los Ceeis como entidades de economía social implique la desaparición de los centros especiales con ánimo de lucro ni la pérdida de empleo, en tanto que seguirán operando “con normalidad”.

Asimismo, apuntó que “no se desincentiva la contratación futura de personas con discapacidad”, ya que los Ceeie seguirán teniendo acceso a los mecanismos de apoyo vigentes, incluidas las ayudas públicas para la contratación de personas con discapacidad, tal y como recoge la normativa actual.

“La Ley no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo, sino que ordena jurídicamente a las empresas y entidades de la Economía Social conforme a sus principios y valores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011”, afirmó el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño.

Además, la patronal española de la economía social señaló que es “fundamental” no equiparar en la normativa dos modelos empresariales “distintos, que operan guiados por principios y valores notoriamente diferenciados”, a fin de garantizar que los centros de iniciativa social “queden claramente” enmarcados dentro de la economía social, “en coherencia con su naturaleza, finalidad y función social”.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

En el ámbito de la contratación pública, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ya establece la diferenciación jurídica entre Ceeis y Ceeie, reconociendo la reserva de contratos y lotes a favor de entidades con finalidad social reforzada, como los Ceeis y las empresas de inserción.

“Esta delimitación no supone ninguna restricción nueva, ya que los Ceeie pueden concurrir a la contratación pública en igualdad de condiciones con el resto de las empresas y beneficiarse de cláusulas sociales cuando cumplan los requisitos establecidos en los pliegos”, aclaró Pedreño.

Por otra parte, Cepes destacó que “no es cierto” que la definición de los Ceeis incremente el gasto público. “Ya se ha demostrado que la inversión pública en estos centros genera un mayor retorno económico y social, al reducir costes sociales y aumentar los ingresos”, arguyó Pedreño.

En su opinión, la regulación de los Ceeis ha situado a España a la vanguardia en el fomento del empleo de las personas con discapacidad desde la economía social, consolidando un modelo empresarial que garantiza el cumplimiento efectivo de su “misión social”.

En este sentido, el presidente de la patronal de economía social española remarcó que este sector de la actividad empresarial es un “ejemplo incuestionable de que la inclusión laboral y la eficiencia económica no solo son compatibles, sino complementarias”. En la misma línea, Cepes puso en valor que la Unión Europea avala la importancia de los centros de iniciativa social.

Finalmente, valoró positivamente la tramitación del proyecto de ley, que supone una “base sólida sobre la que seguir construyendo”, si bien considera necesario seguir trabajando para incorporar “aspiraciones esenciales” de la economía social que refuerzan su desarrollo y consolidación.

En este sentido, confía en que la tramitación en el Senado y el posterior retorno al Congreso permitan avanzar hacia un mayor consenso político que haga posible introducir mejoras orientadas a potenciar su impacto social y económico.