Laboral

Cepyme alerta de que la nueva regulación de residuos textiles pone en riesgo la supervivencia de más de 11.000 pymes y 21.000 empleos directos

MADRID
SERVIMEDIA

La Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) alertó este lunes de que el proyecto de real decreto sobre residuos textiles y de calzado pone en riesgo la supervivencia de más de 11.000 pymes y 21.000 empleos directos, un 15% del total sectorial, a los que habría que añadir 17.000 empleos indirectos.

El proyecto de real decreto sobre residuos textiles y de calzado plantea importantes implicaciones para la industria y regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

Según el informe ‘Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles’, publicado por Cepyme, la norma no constituye una herramienta eficaz de economía circular, sino un marco que “transfiere costes económicos y administrativos al sector sin generar beneficios ambientales reales”.

El informe revela que el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) en el sector textil podría triplicarse en los próximos cinco años, pasando de 48,5 millones de euros a más de 134 millones en 2030. El coste por tonelada gestionada superaría los 400 euros/tonelada. Esto supondría la desaparición de 11.000 pymes, especialmente en el comercio minorista, ya que muchas microempresas y pequeñas empresas verían comprometida su viabilidad.

A ello se suma una "falta de alineación" con el marco europeo, pues España planteó opciones más estrictas que otros Estados miembros y Bruselas, como la recogida selectiva. Se fijan metas cuantitativas de recogida separada de residuos de productos textiles y de calzado posconsumo, acordes con un 50% en 2030 y un 70% en 2035, “un calendario poco realista que no se ve acompañado de mecanismos de apoyo”, señaló Cepyme.

El resultado podría ser un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que representó el 2,9% del PIB español y que aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto en 2023, con casi 55.000 empresas activas en toda la cadena de valor. Todo ello tiene el potencial de golpear al tejido empresarial de proximidad, según advirtió la patronal de pymes.

Además del impacto económico, el proyecto introduce un conjunto de obligaciones administrativas (registros obligatorios, reportes anuales, trazabilidad y requisitos de espacio en tiendas) que "multiplican por diez" los costes burocráticos previstos por el propio Gobierno. Según indicó Cepyme, “la actuación debería centrarse en el impulso de infraestructuras de reutilización y lugares de reciclaje avanzado”.

(SERVIMEDIA)
01 Sep 2025
MCG/mmr/mag