La estrategia de Cerdán coincidirá con la desplegada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que en su declaración del pasado día 23 dijo no reconocerse en los audios contenidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 5 de junio. Se recogían horas de grabaciones hechas por Koldo García, que incriminan supuestamente a los tres en el reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

En esa línea, la defensa del exsecretario de Organización del PSOE negará la veracidad de las conversaciones y pondrá en cuestión la validez técnica de esas pruebas, al no reconocer su voz en ellas.

Salellas planteará dudas sobre la obtención de las pruebas, la seguridad de la cadena de custodia de las grabaciones y la veracidad de su contenido. Por su parte, los investigadores de la UCO aseguran haber usado distintas fuentes de información para acreditar la identidad de los participantes en las conversaciones.

"NINGÚN EFECTO JURÍDICO"

Además, la defensa del exnúmero tres del PSOE sostendrá que el contrato privado para comprar el 45% de Servinabar, una empresa que se benefició de la adjudicación de contratos públicos, no tuvo “ningún efecto jurídico”, porque no llegó a elevarse a público, por lo que Cerdán “nunca ha formado parte de esta empresa ni ha cobrado cantidad alguna”.

Asimismo, el letrado tratará de desvirtuar la validez de ese contrato como prueba, esgrimiendo que el número de identificación fiscal que aparece en el sello del contrato difiere en una cifra con el NIF real de la empresa. Mientras que en el sello figura el “B-71255064”, el auténtico NIF de la sociedad es “B-71255061”.

El contrato fue hallado por la UCO en la vivienda del empresario Antxon Alonso. Ese documento probaría que el político tenía una participación del 45% en esa mercantil, aunque no fuera elevado a escritura pública.

La defensa de Santos Cerdán alegará que ese documento no tiene “efecto jurídico alguno” porque fue un “mero contrato privado que no se llegó a elevar a público”.

SIN DIRECTO

La declaración no se retransmitirá en directo, tal y como había pedido Cerdán. El magistrado que instruye el ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo rechazó el viernes su petición, puesto que algo así resulta inconciliable con la ley.

En una providencia, el juez Leopoldo Puente recordaba que la propia defensa de Cerdán reconocía que su petición es contraria al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario son reservadas y no tienen carácter público hasta que se abre juicio oral.

El juez ataja en su auto las críticas, ya que las primeras declaraciones que se prestaron en la causa se filtraron después a los medios de comunicación. Sostiene el instructor que para corregir dicha disfunción se acordó que las copias de las grabaciones audiovisuales no se entregaran a las partes y que se depositaran en una pieza denominada de información sensible a la que los abogados únicamente pueden acceder en la sede del Supremo. Tras lo cual, ninguna otra declaración ha trascendido.