En su escrito solicita una batería de diligencias para averiguar el papel de Koldo García como colaborador de la Guardia Civil y que, según sospecha su defensa, se ha ocultado al excluir material procedente del registro realizado en su vivientda por la UCO.

Los abogados de Cerdán consideran que su prisión provisional se sustenta en “una sospecha policial” basada en interpretaciones de los audios realizados a Koldo García. Los abogados de Cerdán creen que la operación en su contra se debe a que fue la persona que lideró, en nombre del PSOE, las negociaciones con Junts para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

En concreto, el exdirigente socialista quiere que saber por qué el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en la Audiencia Nacional, compartía con sus compañeros un chat denominado “K fontanería” que podría estar relacionado con el papel de Koldo.

Ese material está “declarado secreto”, dicen los abogados, recogen conversaciones del comandante con un superior en el que informa de la compra de teléfonos móviles para Koldo García. Sospechan que a través de esos dispositivos se pudieron realizar las grabaciones incorporadas a la causa y que el asesor de José Luis Ábalos negó haber realizado.

Cerdán pide que se incorpore a la causa la entrevista a Koldo García en el programa Mañaneros de TVE, así como la declaración de los superiores de Rubén Villalba y de los agentes a sus órdenes. En total piden una veintena de declaraciones.

Además, arremete contra la actuación del Víctor de Aldama para eludir la prisión provisional, que supuso responsabilizar de distintos comportamientos irregulares de dirigentes socialistas. El escrito señala que no hubo “ni fraude en la contratación, ni Delcygate, sino fraude en el IVA del Petróleo y Guaidó, que son las verdaderas razones por las que el señor Aldama pretende disfrazar el origen ilícito de su dinero para eludir las consecuencias que le llevan a prisión y que con sus falsarias declaraciones que dan lugar a este procedimiento, eludir la prisión preventiva como finalmente consiguió e, incluso, intentar salvar las ganancias allí obtenidas”. Así, pide al juez el listado de visitas que recibió Aldama en la cárcel de Soto del Real antes de su decisión se colaborar con la Fiscalía y señala que el empresario era confidente de la unidad de la Guardia Civil en la que estaba Villalba.

Los letrados de Cerdán denuncian que el Supremo acordó abrir el procedimiento por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas denunciados por el PP tras haber rechazado pocos días antes dos denuncias similares, lo que denomina “denuncia reactiva”.

Arremeten igualmente contra el inicio de la investigación a Cerdán sin que el Supremo recibiera una exposición razonada para pedir el correspondiente suplicatorio que debió dirigirse al Congreso de los Diputados, en el que era aforado. Se abrió una investigación que nada tiene que ver con las mascarillas y que la Guardia Civil dirigió un oficio al Tribunal Supremo “sin autorización” del juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Ante la posibilidad de que se esté investigando a otros dirigentes del PSOE, la defensa de Cerdán pide al instructor Leopoldo Puente que paralice la investigación y que pida agilidad a la Guardia Civil en la entrega de los informes patrimoniales sobre el exsecretario de Organización del PSOE.

Los abogados ponen en duda la seguridad de la cadena de custodia de las grabaciones que sustentan las sospechas sobre Cerdán y critica que no se haya registrado ni su domicilio ni su despacho desde que se le imputara.