Discapacidad
El Cermi advierte de que la Convención de la ONU aún necesita “décadas” para hacerse realidad
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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, advirtió este lunes de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad todavía necesita “décadas” para materializarse plenamente y reclamó reforzar su aplicación en todos los niveles de la Administración y en el conjunto de la legislación española.
Así lo manifestó durante la inauguración de la sesión de trabajo ‘La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: balance de 20 años de impacto en el ordenamiento jurídico español y agenda normativa pendiente’, organizada con motivo de la elaboración, por parte del el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, de un informe general que analiza los 20 años de este tratado internacional.
Pérez Bueno recordó que en estos años se han producido avances relevantes, entre ellos la reforma del artículo 49 de la Constitución, pero subrayó que todavía existen “importantes obstáculos para que los derechos reconocidos se traduzcan en cambios efectivos en la vida de las personas con discapacidad”. En este sentido, señaló que uno de los ámbitos en los que persisten mayores resistencias es el de la educación inclusiva, donde, según denunció, conviven avances con “elementos de resistencia y de oposición”, así como con posicionamientos favorables a la inclusión que no siempre se reflejan en los hechos.
El presidente del Cermi también incidió en que las obligaciones de la Convención no deben entenderse como una responsabilidad exclusiva de la Administración General del Estado. A su juicio, su aplicación debe extenderse a las comunidades autónomas, las corporaciones locales y el conjunto del sector público, de manera que todas las administraciones incorporen sus principios y mandatos a sus actuaciones y políticas.
Asimismo, defendió la necesidad de “fundamentar” las reivindicaciones del movimiento asociativo en el estudio y la investigación, para ofrecer a los poderes públicos propuestas concretas y argumentos que permitan impulsar los cambios pendientes.
Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y responsable de la investigación, María del Carmen Barranco Avilés, explicó que el informe responde al encargo del Cermi de evaluar, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Convención, hasta qué punto los compromisos adquiridos por España con este tratado se han incorporado a su ordenamiento jurídico y se han traducido en avances efectivos. El trabajo, que da continuidad al estudio realizado en 2008, pretende ofrecer una visión de la evolución normativa de estas dos décadas, identificar las obligaciones que siguen sin cumplirse y plantear una agenda de reformas que sirva de orientación para las propuestas legislativas del movimiento social de la discapacidad.
La investigación se estructura en cuatro partes. La primera recoge y sistematiza la normativa estatal aprobada entre 2008 y 2026 para analizar los avances producidos desde el anterior estudio; la segunda examina las valoraciones realizadas por los organismos internacionales y de la Unión Europea sobre la situación de España; la tercera aborda los retos y realidades emergentes que han cobrado relevancia en estos años, y la cuarta reúne propuestas de mejora y reforma normativa para avanzar en la aplicación de la Convención.
Barranco Avilés destacó que el análisis no se limita a revisar las leyes aprobadas, sino que también busca identificar las cuestiones que “han quedado pendientes” y aquellas nuevas dimensiones de la discapacidad que requieren respuestas jurídicas. Para ello, el proyecto combina el estudio normativo y jurisprudencial con el análisis de los estándares internacionales y las evidencias de investigación, además del contraste con las demandas del movimiento asociativo.
Precisamente, la sesión de trabajo celebrada en la sede del Cermi tiene como finalidad “incorporar esa perspectiva de las organizaciones de la discapacidad antes de cerrar el informe”, actualmente en fase de redacción, pero que está previsto que se presente el 15 de diciembre. La responsable del proyecto subrayó que sus conclusiones y propuestas deben someterse al debate y la validación del movimiento asociativo: “No hay nada cerrado”, afirmó, al explicar que el objetivo es que “el documento final recoja sus aportaciones y pueda convertirse en una herramienta útil para orientar la agenda normativa y la acción política del sector”.
(SERVIMEDIA)
16 Nov 2026
RIM/gja/pai
