Así lo señaló durante la primera jornada del XX Congreso de Cermis Autonómicos, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por el Cermi Estatal y Cermi Canarias, en el que representantes institucionales y organizaciones sociales reclamaron menos trabas administrativas y políticas públicas que garanticen los derechos con independencia del lugar de residencia.

El delegado del Cermi Estatal de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia Méndez, denunció que “el código postal no debería determinar los derechos”, pero sigue condicionando su ejercicio efectivo. También recordó que el Comité de Naciones Unidas advirtió a España en 2019 de la falta de adecuación de determinadas normativas autonómicas y locales a la Convención.

La diputada del Común de Canarias, Lola Padrón Rodríguez, advirtió de que la insularidad no puede justificar retrasos en el acceso a los servicios públicos. “La burocracia no es neutral porque afecta al ejercicio efectivo de los derechos: una demora administrativa puede convertirse en una demora vital”, afirmó. En 2025, su institución gestionó 3.572 quejas, de las que 381 estaban relacionadas con discapacidad y 448 con dependencia.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Gaspar Candil González, destacó que se han emitido casi 54.000 resoluciones, lo que ha permitido reducir las listas de espera un 68,4% en las islas capitalinas. También señaló los avances en atención temprana y la emisión de más de 28.000 tarjetas digitales de discapacidad.

En el debate parlamentario, representantes de los grupos políticos defendieron avanzar hacia una legislación canaria específica sobre discapacidad. Entre las prioridades planteadas figuraron la simplificación administrativa, la educación inclusiva, la accesibilidad universal, la vida independiente, una ventanilla única de atención y la reducción del sobrecoste económico que soportan las familias.

El acceso a la justicia centró otra parte de la jornada. La fiscal delegada de Discapacidad en Canarias, María Rosa Rubio Ramos, defendió que las personas con discapacidad puedan comprender los procedimientos judiciales y participar en igualdad de condiciones. “En materia de justicia no hablamos de ajustes razonables, sino de ajustes necesarios”, afirmó.

La magistrada María Auxiliadora Díaz Velázquez alertó, por su parte, de los estereotipos que cuestionan la credibilidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, y que pueden contribuir a desacreditar sus testimonios y dejarlas desprotegidas.

El embajador en Misión Especial para la Convención, Jesús Celada Pérez, advirtió de que la inteligencia artificial puede reproducir desigualdades si no tiene en cuenta a las personas con discapacidad. “Si no entrenamos a la inteligencia artificial de que existen millones de personas con discapacidad, la tecnología terminará reproduciendo desigualdades y omitiendo nuestra realidad”, señaló.

Durante la jornada también se presentaron experiencias para documentar vulneraciones de derechos. El Cocarmi Cataluña registró 497 denuncias y 441 propuestas entre 2024 y 2025, principalmente relacionadas con accesibilidad, transporte y atención en los servicios públicos.

El congreso continuará este viernes con sesiones sobre buenas prácticas y barreras a la inclusión, y concluirá con la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, que recogerá las reivindicaciones del movimiento de la discapacidad para avanzar en la aplicación efectiva de la Convención en todos los territorios.