"Las familias con menores con discapacidad afrontan un sobrecoste de hasta el 40% en su nivel de vida" derivado de gastos como "atención temprana, a menudo inaccesible en el sistema público, compra de ortoprotésicos, adaptación de viviendas y vehículos, o la necesidad de abandonar el empleo para cuidar en casa", explicó.

Durante su comparecencia, subrayó que "162.000 menores tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%", pero "el sistema educativo atiende a más de 260.000", lo cual refleja "retrasos, falta de coordinación" y da una idea de los problemas existentes en los baremos de reconocimiento. "La puerta de apoyo está cerrada para muchos precisamente cuando más legislación tenemos" en la materia y más se puede actuar en base a las diversas normativas con las que cuenta España, lamentó.

Sastre agregó que "el impacto esta ocasionado por una normativa que exige que la discapacidad sea previsiblemente permanente" o bien porque se están otorgando reconocimientos de grado de discapacidad "bajos y provisionales en espera de la evolución de la problemática" del menor.

ACCIÓN POLÍTICA DECIDIDA Y PRIORIZADA

"Atender las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad exige acción política decidida, priorizada y dotada de recursos suficientes: debemos asegurar un sistema de garantías que fomente la igualdad", añadió.

Entre las propuestas del Cermi para que sean incluidas en el texto del futuro Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, Sastre planteó a la Cámara "reformar el Ingreso Mínimo Vital, mejorando cuantías y condiciones cuando haya menores con discapacidad en el hogar". Además, pidió que se reconozca "explícitamente el sobrecoste que soportan estas familias, que se extiendan las compensaciones desde grados de discapacidad a partir del 33%, y el desarrollo de fórmulas de apoyo económico a los cuidadores, así como implementar medidas de reducción del IRPF.

Ana Sastre trasladó además a los diputados la necesidad de "universalizar y garantizar la gratuidad de la atención temprana, como inversión clave y de futuro para romper el ciclo de pobreza" y al tiempo crear una verdadera "red de apoyos educativos gratuitos, incluyendo los costes de adaptación".

Finalmente, solicitó que se haga "una revisión de la cartera ortoprotésica, para evitar que las familias recurran a servicios privados muy costosos".

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Sastre apeló a los diputados a cumplir con el artículo 49 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a atender de manera prioritaria las necesidades de las personas con discapacidad. "Tienen la oportunidad histórica de dar cumplimiento a este mandato", concluyó.

Durante la sesión, representantes de los grupos parlamentarios Sumar, PSOE y PP reconocieron la labor del Cermi y coincidieron en la importancia de incluir la perspectiva de discapacidad en las políticas contra la pobreza infantil. El diputado socialista Joan Almirón reafirmó el compromiso de su partido de garantizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, mientras la popular Cristina Abades trasladó su reconocimiento al Cermi por su tarea "histórica".

Rafael Cofiño, de Sumar, mostró la voluntad de su grupo para impulsar "ayudas de carácter universal para aquellas personas que tengan más necesidades" y añadió que "las entidades y asociaciones son determinantes a la hora de impulsar políticas en el Congreso".

Datos de entidades como EAPN y Cáritas-Foessa fueron recordados en la Comisión: el 32% de las personas con discapacidad están en riesgo de exclusión, el 13% sufre carencia social y material severa, y la pobreza afecta al 29% de los menores, con la discapacidad actuando como “efecto multiplicador”.