Así lo explicó el movimiento asociativo de la discapacidad en declaraciones a Servimedia, en las que subrayó que una vuelta al colegio inclusiva requiere planificación previa y no puede quedar condicionada a la improvisación. “La inclusión empieza antes de que suene el primer timbre”, señaló la entidad, que consideró necesario que los centros conozcan las necesidades de apoyo del alumnado, revisen los informes disponibles, se coordinen con las familias y los equipos de orientación y prevean con antelación los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de accesibilidad necesarios.

En este sentido, defendió que no basta con garantizar al alumno o alumna una plaza escolar, sino que debe poder “participar, aprender, comunicarse, desplazarse, relacionarse y progresar en igualdad de condiciones”. Para ello, reclamó revisar la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y comunicativa de los centros, preparar materiales accesibles y prever los apoyos necesarios en el aula, el comedor, el transporte, los recreos, las salidas y las actividades complementarias.

El Cermi insistió, además, en que la inclusión debe formar parte de la organización estructural de los centros y no plantearse como una respuesta individual para determinados alumnos. A su juicio, el Plan de Inclusión del Alumnado con Discapacidad debe ser “ambicioso, transformador, factible y dotado económicamente”. La entidad denunció que España “incumple clamorosamente” el mandato de educación inclusiva recogido en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y afirmó que el sistema educativo español está “anémico en términos de inclusión”.

UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS

Respecto a las primeras semanas del curso, el Cermi señaló que continúan siendo “una carrera de obstáculos” para muchas familias, debido a problemas como la incorporación tardía de profesionales de apoyo, la falta de adaptación de materiales, la ausencia de transporte accesible, la insuficiente coordinación entre etapas o centros y la falta de información al profesorado.

Asimismo, criticó que en ocasiones se comience el curso “viendo cómo evoluciona” el alumno en lugar de haber previsto previamente sus necesidades. “El alumnado con discapacidad no puede comenzar el curso en situación de espera”, advirtió, ya que los retrasos en la puesta en marcha de los apoyos pueden provocar pérdidas educativas, emocionales y sociales, además de trasladar a las familias la carga de reclamar derechos que ya están reconocidos.

La organización puso también el foco en las desigualdades territoriales y recordó que la respuesta educativa “no puede depender del código postal”. Según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad citados por el Cermi, existen diferencias relevantes entre comunidades autónomas y según el tipo de discapacidad: mientras las discapacidades de la comunicación alcanzan una inclusión en aula ordinaria del 98,6%, el alumnado con pluridiscapacidad solo accede a ella en el 48,5% de los casos.

El Cermi alertó igualmente de que sigue faltando una mirada suficientemente inclusiva hacia las discapacidades invisibles, los trastornos del neurodesarrollo, la discapacidad psicosocial, la discapacidad orgánica y las necesidades de apoyo complejas. Advirtió de que una necesidad de apoyo puede llegar a interpretarse erróneamente como bajo rendimiento, problemas de conducta o falta de autonomía, con consecuencias que pueden marcar toda la trayectoria educativa.

LOS APOYOS, DESDE EL PRIMER DÍA

Recalcó que los apoyos no son “un complemento ornamental ni una ayuda secundaria”, sino una condición necesaria para ejercer el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Por ello, consideró imprescindible que profesionales de apoyo, sistemas de comunicación, recursos tecnológicos, adaptaciones metodológicas y entornos accesibles estén disponibles desde el inicio de las clases.

“La Lomloe ya establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, debe desarrollar un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, recordó. A su juicio, este mandato “lleva seis años de retraso” y debe traducirse en medidas concretas.

El retraso en los apoyos, según el Cermi, puede generar dificultades de aprendizaje, aislamiento, ansiedad, pérdida de confianza, sobrecarga familiar y un mayor riesgo de abandono educativo temprano. Por ello, defendió que la respuesta debe basarse en la “anticipación, prevención y acompañamiento desde el inicio”, y no esperar a que aparezcan consecuencias negativas para activar los recursos.

En cuanto a las familias, el Cermi recordó que no están “pidiendo un favor ni un privilegio”, sino reclamando derechos. Les recomendó solicitar reuniones con los equipos directivos, tutorías y orientación antes del inicio del curso o durante los primeros días, dejar por escrito las necesidades y apoyos solicitados y recurrir al movimiento asociativo de la discapacidad cuando sea necesario.

“Las familias no deberían verse obligadas a convertirse en expertas jurídicas o administrativas para conseguir apoyos que el sistema ya debería garantizar”, afirmó. En este sentido, pidió no normalizar los retrasos y defendió que “la inclusión no puede depender de que una madre o un padre resistan más que la burocracia”.

TRES MEDIDAS URGENTES

De cara al nuevo curso, el Cermi planteó tres prioridades a las administraciones y los centros educativos. La primera es garantizar que el profesorado y el personal de apoyo estén incorporados desde el primer día, mediante una planificación anticipada de contrataciones y bolsas de empleo.

La segunda pasa por reforzar la formación continua, práctica y obligatoria del profesorado en educación inclusiva y Diseño Universal para el Aprendizaje, de modo que las clases puedan diseñarse desde el origen teniendo en cuenta diferentes formas de presentar la información, facilitar la participación y evaluar los aprendizajes.

La tercera consiste en simplificar la burocracia y acelerar los procesos de identificación, evaluación y puesta en marcha de adaptaciones y ajustes razonables. Para ello, reclamó reforzar los equipos de orientación y fijó como objetivo que cualquier alumno que necesite estos apoyos los tenga reconocidos y activos durante el primer mes de curso.

En definitiva, el Cermi defendió que “la inclusión no llegue tarde” y que los apoyos, la formación docente y las adaptaciones estén previstos desde el comienzo. “El mayor fracaso de la Convención de la ONU sobre Discapacidad en estos 20 años, en España, es el educativo, sin paliativos”, concluyó.