Según informó el Cermi este lunes, tras indicar que la mayor parte de estas materias y cuestiones se incorporaron al texto legal a propuesta del Cermi, bien en la fase prelegislativa, bien en la parlamentaria, el informe detalla y explica cada uno de los aspectos sociales de discapacidad que aparecen en la nueva norma.

Así, queda reflejada la nueva definición, a efectos de la movilidad sostenible, de accesibilidad universal, que queda conceptuada como “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Esta definición incluye la cadena completa de accesibilidad en el ámbito del transporte”.

El informe se detiene también en exponer el alcance de la aplicación de los principios de diseño universal y de accesibilidad en el origen en las actuaciones en materia de transporte y movilidad, entendiendo por tales los establecidos en la legislación básica estatal en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

En el informe se registran también todas las demás cuestiones favorables a las personas con discapacidad como las medidas de garantía de la accesibilidad universal, la exigencia de formación especializada del personal, la participación de la sociedad civil, las obligaciones de las Administraciones públicas, los requerimientos para una accesibilidad de la información y de los entornos digitales, y las directrices de supervisión y evaluación.