Según explicó este viernes la plataforma representativa de la discapacidad, el análisis realizado por Cermi identificó no obstante varios avances relevantes. Entre ellos, destacó la inclusión de la discapacidad en los supuestos de arraigo extraordinario, permitiendo el acceso a autorizaciones de residencia cuando existan familiares con discapacidad que requieran apoyos o no puedan valerse por sí mismos. Asimismo, el decreto contempla la discapacidad o enfermedad como “circunstancias que pueden justificar la prórroga o ampliación de determinadas autorizaciones”, lo que refuerza la estabilidad jurídica de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

El informe valora positivamente algunas medidas de simplificación administrativa, como la posibilidad de presentar solicitudes en diferentes oficinas públicas o la habilitación provisional para residir y trabajar durante la tramitación. Según el Cermi, estas iniciativas pueden “favorecer la inclusión y el acceso efectivo a derechos de las personas con discapacidad” en situación administrativa irregular.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Sin embargo, la organización advirtió de "importantes carencias". En particular, señaló que “la norma no incorpora una garantía expresa de accesibilidad universal en los procedimientos administrativos ni regula de forma específica los ajustes razonables y apoyos necesarios, como accesibilidad cognitiva, interpretación en lengua de signos, medios de apoyo a la comunicación oral u otros mecanismos de acompañamiento durante la tramitación"

Además, el Cermi criticó que “la discapacidad no se incorpore como un principio transversal en el diseño del procedimiento”, sino que aparezca únicamente en supuestos concretos. También apuntó la ausencia del movimiento asociativo de la discapacidad entre los actores consultados durante la elaboración de la norma.

A la vista de este análisis, la entidad consideró que, aunque se han dado pasos positivos, estos resultan “aún insuficientes”. Por ello, reclamó “avanzar mediante mejoras normativas o instrucciones de aplicación” que garanticen la accesibilidad universal y el derecho a los apoyos necesarios, en línea con el enfoque de derechos humanos recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.