Dicho informe analiza los avances y desafíos pendientes en el cumplimiento de la Agenda 2030 y su objetivo es demostrar la voluntad en España de rendir cuentas sobre el trabajo realizado e identificar los próximos pasos que se deben llevar a cabo. Asimismo, muestra los retos que como país debemos afrontar y poner en marcha para caminar hacia el desarrollo inclusivo, en materia de pobreza y desigualdad, emergencia climática y ambiental, desigualdad de género y discriminación, ineficiencias del sistema económico, precariedad laboral, servicios públicos, injusticia y amenazas a los derechos humanos y medio rural y reto demográfico.

El primer reto es “acabar con la pobreza y la desigualdad” en base al cual el informe recuerda la aprobación de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 cuyo objetivo es hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Además, se registran avances en materia de vivienda y rehabilitación y la adopción de medidas y del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. En cuanto al ámbito de la defensa de los derechos de las personas consumidoras se reflejan progresos con la con la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica con la que se pondrá en marcha un etiquetado en braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad para personas ciegas o con discapacidad visual.

Respecto al reto centrado en “hacer frente a la emergencia climática y ambiental”, se destaca la aprobación de la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental que formaliza el compromiso de España mediante la adopción de 30 líneas de acción prioritarias para “combatir el innegable cambio climático e impulsar una transición ecológica justa e inclusiva que minimice el impacto económico, social y ambiental en este cambio hacia una economía verde, circular, justa y climáticamente neutra para 2050, sin dejar a nadie atrás”.

En cuanto al reto de “cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación”, el informe refleja la evolución de los delitos de odio que, en el caso de las personas con discapacidad, ha experimentado el mayor número de incidentes registrados en el año 2020, concretamente, un ascenso del 69,2%. El informe recuerda que “la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, contribuirá a reforzar el derecho a la igualdad de trato, incluyendo medidas para combatir toda forma de discriminación e intolerancia en los ámbitos”.

Por otro lado, el informe advierte de la necesidad de “superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente que le hace vulnerable”. El documento recuerda la aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, que, entre otros puntos, favorece la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal en este ámbito.

Además, en el informe se destaca los “desafíos de la situación salarial, la situación laboral y el empleo en España y las medidas puestas en marcha para reducir la precariedad laboral”.

Finalmente, el informe pide “revertir la crisis de los servicios públicos” y para ello identifica como áreas prioritarias de actuación los servicios sociales, la atención a la dependencia y a la discapacidad, sanidad, educación, protección integral de la infancia; administración pública; acceso a la justicia y a la protección de la violencia y hacienda pública. También se ven avances en la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

A lo largo del documento, se mencionan algunas contribuciones de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas en el ámbito de la discapacidad vinculadas con los diferentes retos.