En un comunicado, Cermi Andalucía pidió a todas las administraciones "que impidan la celebración de este evento que va en contra de la última reforma legal impulsada a nivel nacional, con la iniciativa aprobada a finales del pasado abril por el Congreso de los Diputados y el Senado, por la que se prohíbe la participación de personas con acondroplasia en este tipo de eventos".

La presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, señaló que “estos eventos son burlescos y fomentan la mofa, distorsionando la imagen de las personas con discapacidad haciendo persistir estereotipos negativos con la representación degradante de dichas personas”.

Según Castillo, “la sociedad española y andaluza han avanzado mucho en materia de protección de derechos sociales, por lo que hoy en día es impensable e inadmisible que se permitan espectáculos de este tipo que no respeten a las personas y que pongan en cuestión la igualdad, la dignidad y la imagen de las mismas por razón de sexo, raza, religión o, en este caso, por su condición física provocada por una discapacidad”.

Cermi Andalucía sostiene que estos espectáculos "vulneran el cumplimiento de muchos preceptos y artículos de normativas autonómica, nacional e internacional sobre discapacidad y derechos humanos y denigran la imagen de las personas con acondroplasia".

SALIDAS LABORALES

Además, el movimiento andaluz de la discapacidad considera necesario que las administraciones "ayuden y faciliten a encontrar otras salidas laborales a estas personas". Asimismo, considera que estos eventos "van en contra de normas como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a las instituciones a tomar las medidas oportunas para evitar actos que constituyan una discriminación de estas personas".

Las entidades que representan a la discapacidad en Andalucía entienden que "para la celebración de estos espectáculos no puede argumentarse que se trata de una práctica expresión del derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, porque este derecho no puede ir en contra de la dignidad humana que defiende la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Por último, el comité planteó "la necesidad de que se cumpla la prohibición legal de estos espectáculos burlescos que ridiculizan a las personas por motivos de discapacidad, aunque sean realizados con el consentimiento de las propias personas, ya que se pueden desarrollar actuaciones cómicas y humorísticas sin que estén basadas en dicha discapacidad, algo que no solo denigra a sus propios participantes, sino también al resto de personas de talla baja que ven socavada su dignidad por la negativa imagen que se proyecta a la sociedad".