Según informó el Cermi este sábado en un comunicado, además de las 145 denuncias, el informe recoge 69 propuestas de mejora y 36 avances registrados a lo largo de 2025, lo que permite ofrecer una radiografía detallada del estado de los derechos de las personas con discapacidad en España.

Según ha explicado el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez, durante la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada el 12 de marzo, “los datos hablan con claridad y muestran tanto los avances logrados como los déficits persistentes en la garantía efectiva de derechos”.

De acuerdo con el análisis realizado, el artículo 9 de la Convención, relativo a la accesibilidad universal, concentra el mayor número de denuncias registradas, seguido por el artículo 24 sobre educación y el artículo 27 relativo al trabajo y empleo, lo que “evidencia la persistencia de barreras estructurales en ámbitos clave para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”, según el Cermi.

El documento también recoge un conjunto amplio de propuestas de mejora dirigidas a reforzar las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, así como medidas específicas para avanzar en ámbitos como la accesibilidad universal, la atención sanitaria, la educación inclusiva o el empleo digno de las personas con discapacidad. En paralelo, el informe identifica también avances normativos y de política pública registrados durante el último año, lo que demuestra que, pese a los déficits persistentes, existen oportunidades reales de progreso.

En palabras de Saravia, este informe “no es un ejercicio académico ni un documento retórico, sino un instrumento político que busca convertir las experiencias vividas por las personas con discapacidad en exigencias de justicia, inclusión e igualdad”. Asimismo, ha subrayado que su finalidad es documentar las vulneraciones de derechos, visibilizar las discriminaciones que siguen produciéndose y ofrecer propuestas concretas para su corrección.

El delegado del Cermi ha alertado de que, en un contexto internacional marcado por la polarización política y el auge de discursos de odio, herramientas como este informe resultan fundamentales para fortalecer los mecanismos democráticos de vigilancia, control y rendición de cuentas en materia de derechos humanos, evitando retrocesos en los estándares de protección alcanzados.

El ‘Informe Derechos Humanos y Discapacidad España’, que el Cermi elabora de manera ininterrumpida desde 2008, se basa en hechos reales de discriminación documentados por el movimiento asociativo de la discapacidad y cuenta con las aportaciones de diversas organizaciones del sector.

Con este informe, el Cermi despliega su rol como mecanismo independiente de la sociedad civil para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.