Así lo adoptó la entidad en la reunión ordinaria de su Comité Ejecutivo celebrada a este jueves, en la que participan las principales organizaciones de la discapacidad del país.

En este documento, el Cermi destaca la importancia del acceso a la Justicia para las personas con discapacidad, subrayando que todas deben disfrutar de garantías conforme al artículo 24 de la Constitución Española. En línea con las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, se hace hincapié en la necesidad de adaptar el sistema judicial a las diversas condiciones de vulnerabilidad.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013 definen la discapacidad como una interacción entre las deficiencias de la persona y las barreras sociales. En este sentido, el documento destaca la dinamicidad de la discapacidad y la necesidad de ajustes para garantizar la igualdad de participación en los procedimientos judiciales y por extensión en todo el sistema legal.

Asimismo, se advierte de que la legislación española reconoce el derecho a apoyos y ajustes para superar dificultades de comprensión, comunicación o interacción en el entorno judicial.

La propuesta planteada por el Cermi desglosa las barreras en los contextos procesales, las necesidades de apoyo, y la participación de la persona con discapacidad en el proceso. También dedican un apartado específico para el régimen jurídico del facilitador procesal, así como la actuación del facilitador procesal y su naturaleza jurídica.

El Cermi también quiere precisar las funciones básicas desarrolladas por la persona facilitadora y sus diferentes perfiles, así como la necesidad de contar “con profesionales debidamente formados”.

Al respecto, el presidente de Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó que “la figura del profesional facilitador como clave para asegurar la mejor defensa y tutela de los derechos e intereses de las personas con discapacidad”.