La nueva norma desarrolla, más de una década después, el mandato recogido en la Ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social, que establecía la aprobación de un estatuto jurídico para regular la colaboración entre las organizaciones sociales y la Administración General del Estado.

El Cermi recordó que el texto ha sido negociado en el seno de la Plataforma del Tercer Sector con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambas partes para impulsar y reforzar el tercer sector de acción social.

El real decreto establece un marco jurídico específico para las entidades sociales de ámbito estatal que colaboran con la Administración en el desarrollo de políticas y actuaciones de interés general, un reconocimiento institucional que, según el Cermi, contribuirá a reforzar las relaciones entre los poderes públicos y las organizaciones sociales, aportando mayor seguridad jurídica, estabilidad y capacidad de cooperación.

La plataforma representativa de la discapacidad destacó asimismo que la norma reconoce de forma expresa la contribución de las entidades del tercer sector al “bienestar colectivo, la cohesión social y la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerables”, entre ellos las personas con discapacidad y sus familias.

El Cermi valoró especialmente que el Gobierno haya culminado este desarrollo reglamentario, largamente reclamado por las organizaciones sociales desde la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social en 2015.