Así lo establece Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles de esta semana.

En concreto, la nueva norma dispone que “en la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro”.

Y añade que “la reserva del mínimo del diez por ciento se realizará de manera que, al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.

A juicio del Cermi, este aumento de tres puntos en la cuota de reserva del empleo público, que venía solicitándose desde la plataforma de la discapacidad desde hace años, permitirá que más personas con discapacidad puedan acceder a la función pública, ampliándose así el horizonte laboral de este grupo de población.

El mismo real decreto-ley contiene también otra medida positiva para el empleo público de las personas con discapacidad, reclama asimismo pro el Cermi, como es la creación de unidades de inclusión del personal con discapacidad en cada Ministerio. En este sentido, la nueva norma establece que “en cada uno de los departamentos ministeriales se constituirá una unidad de inclusión del personal con discapacidad”

Estas unidades de inclusión del personal con discapacidad “se integrarán en la estructura orgánica de cada departamento ministerial y quedarán adscritas a la Subsecretaría a través de alguno de sus órganos directivos dependientes, de acuerdo con lo que disponga el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento ministerial”.

Corresponde a dichas unidades “prestar al órgano directivo del que dependan el apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad, así como asegurar las medidas de adaptación de puesto de trabajo y velar por la plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito”.