En un comunicado, la organización considera que la apertura de la fase de tramitación en la Cámara Alta constituye una nueva oportunidad para fortalecer el contenido de la norma y dotarla de una mayor eficacia en el cumplimiento de su finalidad: garantizar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Con este objetivo, el Cermi presentará un conjunto de enmiendas durante la tramitación en el Senado, orientadas a perfeccionar el texto legal y reforzar los mecanismos que favorezcan el cumplimiento efectivo de la obligación legal de reserva de empleo para personas con discapacidad.

PROPUESTAS

Entre las propuestas que defenderá la plataforma representativa de la discapacidad figura una modificación de la Ley General de Subvenciones para establecer que ninguna empresa pueda obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos o cualquier otra ventaja económica financiada con fondos públicos si no acredita previamente el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad o, en su caso, de las medidas alternativas legalmente previstas.

Para el Cermi, resulta incoherente que las administraciones públicas destinen recursos económicos a empresas que incumplen una obligación legal concebida para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por ello, entiende que el acceso a fondos públicos debe quedar condicionado al respeto de la legislación sobre igualdad de oportunidades y empleo inclusivo.

La entidad confía en que el Senado aproveche esta tramitación para reforzar el alcance de la futura ley y contribuir a una aplicación más efectiva de la cuota de reserva, una herramienta que, correctamente cumplida y supervisada, constituye un instrumento dinamizador del acceso al empleo para las personas con discapacidad en España, destacaron.

El Cermi espera así que la Cámara Alta incorpore mejoras al texto y se logre así una regulación más ambiciosa, eficaz y coherente con los principios de inclusión, igualdad y no discriminación que inspiran el ordenamiento jurídico español y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.