Con todo, el texto se ha devuelto al Congreso, dado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha hecho posible que se hayan incorporado diferentes enmiendas que deberán ser ratificadas o eliminadas por el Pleno de la Cámara Baja.

En concreto, la nueva Ley de Economía Social define como centros especiales de empleo de trabajadores con discapacidad —como una de las familias de la economía social— únicamente a aquellos que son de iniciativa social, excluyendo de esta consideración a los de iniciativa mercantil o privada, tal y como siempre había planteado el Cermi.

“Esta diferenciación no tiene ningún impacto negativo para el empleo de personas con discapacidad, ya que se trata únicamente de una clarificación conceptual sobre qué entidades forman parte de la economía social, por atenerse a los principios que la identifican, y cuáles no. Sin embargo, resulta muy relevante para evitar confusiones o interpretaciones interesadas”, expuso el Cermi.

Además, el proyecto de Ley aprobado por el Senado continúa con el cambio introducido previamente en el Congreso en virtud del cual se reconoce a la ONCE como una entidad de carácter social, además de serlo de economía social. Tras esta consideración legal, podrá ser colaboradora de la Administración General del Estado en los términos previstos en la Ley del Tercer Sector de Acción Social y en sus desarrollos normativos.

Con esta iniciativa legislativa, el Cermi apuntó que la agenda normativa de la discapacidad en el ámbito de la economía social continúa avanzando. Tras su aprobación definitiva por el Congreso -previsiblemente la semana que viene- y publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley pasará a formar parte del ordenamiento jurídico vigente como derecho positivo.