Según el Cermi, con este pronunciamiento de la más alta instancia judicial española, queda “plenamente confirmada” la licitud de esta reserva social establecida en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, incluida por el Legislador a demanda del movimiento social de la discapacidad.

En su sentencia, el Tribunal determina que la reserva de contratos a los centros especiales de empleo de iniciativa social -excluyéndose los de iniciativa lucrativa- se acomoda a la legislación de la Unión Europea y en ningún caso resulta una decisión arbitraria ni carente de justificación y tampoco vulnera el principio de igualdad de trato ni el principio de proporcionalidad.

El Supremo añade, además, para “mayor contundencia”, según el Cermi, que esta reserva también es consistente con los mandatos de la directiva europea sobre contratación pública del año 2014.

Para el Alto Tribunal, “la reserva de los contratos públicos a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social se ha establecido para alcanzar una finalidad que es legítima atendiendo a los principios recogidos tanto en el artículo 49 de la Constitución como en la Directiva 2014/2024/UE”.

SECTORES PRIVADOS

El Supremo “desmonta así”, según el Cermi, los argumentos de los sectores privados del empleo protegido que argumentaban que la reserva amparada en la legislación de contratos públicos del año 2017 era una decisión “arbitraria” y “carente de justificación”. También sostenían, “equivocadamente”, según el Cermi, que era contraria a la Directiva europea sobre contratación pública, “tesis todas” que, a su juicio, “quedan desarmadas jurídicamente por ausencia completa de base legal”.

“Despejado por entero el horizonte jurídico”, el Cermi exige a todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, que apliquen esta reserva legal en favor de los centros de iniciativa social “en toda su plenitud” y cumplan con los mandatos europeos y españoles, “favorecedores de la inclusión laboral de las personas con discapacidad”.