El Cermi explicó que este primer encuentro se enmarca en el inicio de la nueva etapa institucional de Daniel Calleja y Crespo en su condición de máximo representante de la CE en España, bajo la autoridad política de la presidenta Ursula von der Leyen. Además, el comité manifestó que "ha querido establecer desde el primer momento un canal estable de diálogo y cooperación con la institución comunitaria".

Durante la reunión, la delegación del Cermi, integrada por su directora ejecutiva, Pilar Villarino, y por el delegado de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia, trasladaron "las principales prioridades europeas en materia de derechos de las personas con discapacidad, entre ellas la aplicación efectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito de la Unión Europea". Además, ilustraron a Calleja sobre el punto de vista del movimiento asociativo sobre el desarrollo de la Estrategia Europea sobre Discapacidad, la accesibilidad universal, el derecho a la vida independiente, el empleo inclusivo y la participación activa de la sociedad civil organizada en las políticas comunitarias, entre otras cuestiones.

En este contexto, y con motivo de la conmemoración en 2026 del 20º aniversario de la Convención, el Cermi planteó la necesidad de que la Unión Europea (UE) "refuerce de manera decidida su liderazgo político en la promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad". Entre las peticiones formuladas destacaron, según añadió el Cermi, "la revisión del grado de cumplimiento de la Convención por parte de las instituciones europeas y de los Estados miembros, el impulso de indicadores europeos comunes en materia de derechos humanos y discapacidad, el refuerzo de la financiación europea destinada a la inclusión y la accesibilidad, y la incorporación sistemática de la perspectiva de discapacidad en el próximo ciclo legislativo comunitario".

PREOCUPACIÓN POR EL FSE

El Cermi también trasladó "su extrema preocupación por el futuro del Fondo Social Europeo (FSE) ante la próxima reorganización y rediseño de los fondos estructurales de la UE". La organización alertó del "riesgo máximo de debilitamiento o abandono de la dimensión social por parte de las instituciones europeas, una deriva que tendría un impacto especialmente grave en España y, de manera muy acusada, en las personas con discapacidad, que dependen en gran medida de estos instrumentos para garantizar inclusión social, empleo, formación, accesibilidad y cohesión territorial".

Asimismo, subrayó la importancia de que todas las iniciativas legislativas y los programas europeos "incorporen de forma transversal el enfoque de derechos humanos y discapacidad, reforzando los mecanismos de consulta estructurada con las organizaciones representativas y garantizando que ninguna política europea se diseñe sin contar con las personas con discapacidad".

Este planteamiento "cobra una especial relevancia en el marco del 40º aniversario de la adhesión de España a la UE, que debe servir para reafirmar el compromiso con una Europa social fuerte, basada en los derechos, la igualdad y la cohesión", a juicio del Cermi. Esta entidad estatal recordó que "no puede entenderse el proyecto europeo sin una dimensión social robusta que garantice que nadie quede atrás, y menos aún las personas con discapacidad, cuya plena ciudadanía constituye un indicador esencial de la calidad democrática y social de la Unión".

Durante el encuentro se plantearon también posibles vías de colaboración entre el Cermi y la Representación de la Comisión Europea en España, "orientadas a mejorar la difusión de las políticas europeas entre el sector social de la discapacidad y a favorecer una mayor implicación de este en los procesos de toma de decisiones comunitarias", concluyó el Cermi.