El primer caso fue el de José Miguel Troyano, que tenía que ejercer como presidente de mesa en el Colegio Público Giner de los Ríos de Madrid. El segundo el de Alberto Rodríguez, que debía presentarse como primer vocal suplente en en el Centro Integral de Empleo de Humanes (Madrid).

Ambos recibieron la notificación de sus funciones el viernes día 29 de mayo, ante lo cual se pusieron en contacto con Fesorcam para que se hicieran las gestiones oportunas y disponer de un intérprete de lengua de signos durante la jornada electoral.

En este sentido el presidente del Cermi Comunidad de Madrid, Javier Font, reconoció que la petición formal "se hizo en tiempo y forma", algo que constató la presidenta de Fesorcam, Rosa Marta, quien añadió que "estamos ante un caso de maltrato y trato vejatorio para las personas con discapacidad auditiva".

Tras la correspondiente petición por escrito a la Junta Electoral, José Miguel recibió la resolución el viernes día 5 de junio, dos días antes de las elecciones, en la que se negaba la posibilidad de disponer de un intérprete.

Aún así, él decidió presentarse "para ejercer mi derecho", reconoció, pero fue rechazado por la Policía Municipal, que le mostró un decreto prohibiéndole tomar parte como presidente de la mesa electoral en estas elecciones convocadas.

Por su parte, Alberto Rodríguez ni siquiera recibió la resolución el viernes porque estaba trabajando y no se encontraba en su domicilio.

Así, se presentó en el colegio electoral y se encontró con que su nombre ya no estaba en el listado de personas que conformaban las distintas mesas. Al preguntar, le dijeron que se dirigiera al Ayuntamiento de Humanes, donde le entregaron la citada carta de resolución.

La misma, a la que ha tenido acceso Servimedia, dice que "esta Junta ha declarado reiteradamente que, aún cuando la Loreg no excluye en principio la participación de personas discapacitadas en las mesas electorales, las circunstancias en que se desenvuelve la actuación del presidente y de los vocales de dichas mesas, caracterizada por la perentoriedad y la inmediatez en la resolución de todas las cuestiones que puedan plantearse en las operaciones electorales, puede suscitar problemas que dificulten o impidan tal participación".

"No es un problema que una persona tenga una discapacidad auditiva, lo que es un problema es la falta de sensibilidad de las entidades públicas que tienen la obligación de amparar y te desamparan en un momento determinado", comentó Javier Font.

Por ello, anunció que van a presentar la denuncia ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior "para que estos hechos no se vuelvan a producir, ya que en reiteradas ocasiones se repiten".

Tanto Cermi Comunidad de Madrid como Fesorcam se acogen a la Ley 27/2007, que ampara y defiende la accesibilidad de las personas sordas a través de la figura del intérprete de lengua de signos española.