El Cermi informó este jueves de que celebró la última reunión del año de la Red de Gerentes de las organizaciones del Cermi Estatal, centrada en "el análisis de iniciativas legislativas de especial relevancia para el sector social de la discapacidad, así como en la evolución reciente del empleo y de la financiación del Tercer Sector".

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, abrió la sesión "contextualizando el momento legislativo actual, marcado por la tramitación del Proyecto de Ley de reforma de la legislación de discapacidad y de autonomía personal y atención a la dependencia, principal iniciativa normativa de la legislatura en este ámbito, derivada de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, explicó el comité.

"Tras superarse el trámite de las enmiendas a la totalidad, el proyecto continúa ahora su tramitación con la fase de enmiendas parciales, con previsión de debate parlamentario en los primeros meses de 2026", aseguró y subrayó "la necesidad de reforzar especialmente el pilar de autonomía personal y dependencia, reclamando una mayor implicación financiera del Estado y la recuperación de elementos clave como la revisión del copago".

En relación con el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, el Cermi apreció "el avance que significa su aprobación en la Comisión de Trabajo del Congreso la pasada semana, y su remisión al Senado", y celebró que la norma clarifique jurídicamente el concepto de economía social y su proyección en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad, en términos favorables para la iniciativa social".

En la reunión se analizaron además los últimos datos oficiales de empleo de personas con discapacidad, correspondientes a diciembre de 2025, presentados por la secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral del Cermi y secretaria general de Feacem, Pepa Torres. A partir de las estadísticas del INE, se constató "una ligera mejora de la tasa de empleo y un descenso del número de personas paradas". El Cermi destacó de forma específica el incremento de la tasa de actividad entre las mujeres con discapacidad, como reflejo del esfuerzo sostenido del sector y de la reivindicación de políticas públicas orientadas a corregir las desigualdades de género en el acceso al empleo". No obstante, Torres advirtió de "la persistencia de importantes brechas estructurales con la población sin discapacidad y de acusadas desigualdades territoriales". Se detectaron "diferencias muy significativas en la tasa de actividad entre comunidades y ciudades autónomas, que alcanzan valores superiores al 41 % en territorios como Cantabria o la Comunidad de Madrid, frente a tasas en torno al 29 % en Canarias o el Principado de Asturias".

Otro de los puntos tratados fue el balance de la convocatoria estatal de ayudas del 0,7 de interés social correspondiente a 2025, con ejecución en 2026, en el que se puso de relieve "el aumento del número de entidades y programas financiados, junto con la preocupación por la fragmentación de los recursos y la insuficiente cobertura de la elevada demanda existente". Existe una tendencia clara hacia la micro financiación lo que hace muy difícil la sostenibilidad de los proyectos, según el Cermi.

Por último, se informó sobre la situación del Proyecto de Real Decreto regulador del procedimiento de acreditación de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado, "una norma clave para el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del Tercer Sector".