Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, el presidente del Cermi CV, Luis Vañó, defendió la necesidad de agilizar procedimientos administrativos, pero fijó una “línea roja” clara: “Simplificar sí. Excluir, nunca”.

Vañó alertó de que la norma, que pretende facilitar la actividad económica, podría afectar a más de 800.000 personas en la Comunidad Valenciana y generar una “laguna nuclear” que deje sin sanción determinadas conductas fraudulentas en materia de inclusión laboral.

En concreto, denunció que la supresión de parte del régimen sancionador de la Ley 11/2003 del Estatuto de las Personas con Discapacidad podría provocar que “empresas que incumplan o falseen la cuota de empleo de personas con discapacidad para acceder a contratos públicos o subvenciones no enfrenten consecuencias administrativas autonómicas”.

Asimismo, subrayó que el sistema público de dependencia y discapacidad moviliza más de 1.300 millones de euros anuales, por lo que insistió en que “esta norma no es técnica, afecta a personas y a la inversión pública”.

El presidente del Cermi CV también puso el foco en otras cuestiones, como las diferencias en el silencio administrativo entre procedimientos de dependencia y discapacidad, la posible pérdida automática de prestaciones ante determinadas situaciones o la necesidad de ampliar derechos como la asistencia terapéutica infantil hasta los 25 años.

En materia de inclusión, reclamó “garantizar financiación suficiente” para prestaciones como la asistencia personal, “mejorar la accesibilidad de los procedimientos administrativos”, incluidos los digitales, y “evitar barreras tecnológicas como los sistemas de verificación visual no accesibles”.

Además, valoró positivamente la posibilidad de colaboración de entidades sociales en la valoración de la discapacidad, aunque exigió “condiciones estrictas para evitar conflictos de interés y asegurar que el dictamen final siga siendo público”.

En su intervención, Vañó resumió la posición del sector en tres ideas: la necesidad de simplificar sin excluir, garantizar que la unidad de mercado implique también accesibilidad y apoyos efectivos, y asegurar que la modernización administrativa y digital llegue a todas las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras.

El Cermi CV reiteró su disposición a colaborar técnicamente en la mejora del texto normativo para “asegurar que la simplificación administrativa no se traduzca en una merma de derechos”.