En un comunicado, el Cermi ha explicado que la norma reglamentaria que el Gobierno, a propuesta de Derechos Sociales, tendría que haber aprobado es necesaria para que opere el estatuto jurídico de las entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal como colaboradoras de la Administración del Estado, fijando el procedimiento para alcanzar esa calificación y estableciendo los derechos y deberes que tal condición llevaría consigo.

Desde el sector social de la discapacidad se señala que concluye 2025, uno más, sin que esta norma reglamentaria, ordenada por dos leyes, se haya adoptado y esté en vigor, pese a que acumula una demora superior a la década. Ya en 2013 un real decreto-ley regulaba por primera vez la consideración de entidad social colaboradora y en 2015 la Ley de Tercer Sector de Acción Social reiteraba ese reconocimiento normativo, que precisa un desarrollo reglamentario -que corresponde al Gobierno- para resultar operativo.

Más de 12 años después, el Cermi ha incidido en que el mandato legal sigue incumplido, “sin seguridad de cuándo podrá estar aprobado el desarrollo reglamentario pendiente, dificultando así el desarrollo y mejor funcionamiento de las entidades sociales de ámbito estatal”.