Según establecía esta Norma reglamentaria, en su disposición adicional quinta, sobre evaluación de resultados, “transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido en este real decreto, el Imserso en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que, en su caso, estime procedentes”.

Este plazo de un año expiró en abril de 2024, por lo que la evaluación prevista en el propio real decreto regulador del nuevo baremo acumula una demora de casi un año y medio, incumplimiento que el Cermi pide al Defensor del Pueblo en su denuncia que investigue.

El Cermi explica que la evaluación del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre resulta esencial para aquilatar bien el nuevo baremo y comprobar sobre el terreno si sus previsiones han respondido al propósito que animó la aprobación de la nueva norma y en su caso, a partir de las evidencias recopiladas, plantear correcciones o mejoras de aquellos aspectos que no han resultado satisfactorios.