El acto se celebró en la sede del Ceadac, donde Gómez Pastor recibió el galardón de manos del presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y aseguró que el reconocimiento le producía una “emoción plus” por proceder del propio movimiento social de la discapacidad, al que dedicó más de cuatro décadas de servicio público.

La presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos Cano, destacó que la distinción reconoce “una trayectoria y una forma de entender el trabajo” al servicio de las personas, y puso en valor la contribución de Gómez Pastor a la transformación de los servicios sociales desde modelos centrados en las limitaciones hacia enfoques basados en los derechos, las capacidades, la participación y los proyectos de vida.

Cabellos subrayó además la aportación de la directora del Ceadac al ámbito del daño cerebral adquirido, un sector que durante años “careció de recursos especializados” y en el que, dijo, su labor ha sido “decisiva para consolidar un modelo de referencia en rehabilitación integral, promoción de la autonomía personal, innovación, formación y atención” centrada en la persona.

En su intervención, Gómez Pastor compartió el reconocimiento con las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales, el Imserso, Daño Cerebral Estatal y el Cermi, y recordó que el Ceadac ha atendido a más de 8.000 personas con daño cerebral adquirido y a sus familias desde su puesta en marcha.

Asimismo, defendió la necesidad de “reforzar la colaboración” entre administraciones públicas, entidades sociales y profesionales para afrontar nuevos retos, entre ellos la elaboración de un protocolo para el código al alta de daño cerebral adquirido.

La homenajeada afirmó que ser amiga de las personas con discapacidad “no es un título que se cuelga en la pared”, sino “un compromiso diario de escuchar, aprender, cuestionar estructuras y actuar”.

También reivindicó un enfoque basado en los derechos humanos al asegurar que “la discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que impone la sociedad”, y reiteró su compromiso con la educación inclusiva, el empleo digno, la accesibilidad universal, la autonomía personal, la toma de decisiones y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, cultural y pública.