Según detalló el Cermi este domingo, la guía se dirige tanto en la dimensión política, hacia el exterior del propio movimiento asociativo. Desde la agenda política, tareas de incidencia, entre otros aspectos, hasta la gobernanza, participación, etc. Asimismo, también se ocupa de la dimensión de proveedores de apoyos y servicios a personas con discapacidad, es decir, necesidad de ofrecer solo un catálogo de servicios inclusivos, abandono de configuraciones y pautas que no se atengan a la Convención, y diseño de vías de tránsito de la no inclusión a la inclusión.

La idea basilar que anima a esta guía y su vocación de utilidad consiste en que las organizaciones del tercer sector de la discapacidad asuman e interioricen plenamente qué es, qué representa y qué comporta la Convención de la ONU, y una vez son conscientes de este rico y exigente acervo, lo apliquen a su respectiva entidad para que esta, en su gobierno, funcionamiento, actuación y servicios esté alineada plenamente con el tratado internacional.

El Cermi, en su papel de mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención en España, designado a este fin oficialmente por el Estado español, proporciona herramientas para que toda la comunidad de personas con discapacidad en su vertiente estructurada sea la primera agente de cumplimiento del tratado internacional de la discapacidad.