Esta exigencia se produce en un contexto marcado por "la persistencia de barreras estructurales en el acceso al transporte aéreo para las personas con discapacidad, pese a que la normativa europea lleva casi dos décadas en vigor", explicó el Cermi, entidad que recordó que "existen diversos informes recientes de ámbito europeo evidencian que continúan produciéndose denegaciones de embarque arbitrarias, imposiciones injustificadas de acompañantes, daños no reparados a ayudas técnicas y una alarmante falta de accesibilidad tanto a bordo, como en los procesos digitales asociados al viaje".

Ante esta situación, el Cermi trasladó al Ejecutivo "la necesidad de promover una reforma ambiciosa del reglamento europeo que incorpore criterios de seguridad transparentes y basados en evidencias, establezca estándares de accesibilidad universal en las aeronaves y garantice la reparación o sustitución íntegra de los productos de apoyo". Asimismo, reclamó que al Administración vele por que se "asegure la accesibilidad digital obligatoria en todas las fases del viaje y se refuercen las competencias de supervisión y sanción de los organismos nacionales de ejecución".

Desde el movimiento social de la discapacidad se insistió en que el Gobierno "debe asumir este compromiso como una prioridad política y de derechos humanos, alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que el transporte aéreo deje de ser un ámbito de discriminación estructural y se convierta en un espacio plenamente accesible, inclusivo y respetuoso con la dignidad y la autonomía personal".