Así lo trasladó la entidad en sus alegaciones al proyecto de real decreto que regula esta herramienta, actualmente en fase de audiencia pública, donde advirtió de la ausencia de referencias explícitas a la accesibilidad en el texto normativo, una omisión que considera “significativa” y que, a su juicio, “debe corregirse”.

En este contexto, el comité recordó que la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española reconoce el derecho a la accesibilidad universal, un principio que, según subrayó, debe aplicarse también a los entornos digitales del sector público, como la futura tarjeta social digital.

Asimismo, incidió en que la normativa vigente ya establece obligaciones claras en esta materia, como el Real Decreto 1112/2018, que regula la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de las administraciones públicas.

Por ello, el Cermi propuso incluir en el reglamento una disposición adicional específica que garantice la accesibilidad universal del sistema, tanto en su diseño como en su funcionamiento, conforme a los estándares legales vigentes.

La organización destacó que la tarjeta social digital está llamada a ser “una herramienta clave para la gestión de prestaciones sociales” en España, por lo que consideró “imprescindible” que su desarrollo respete plenamente los derechos de las personas con discapacidad y no excluya a ningún colectivo.