Según informó este lunes el Cermi, la propuesta se enmarca en el trámite parlamentario de la proposición de Ley destinada a impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo. En este contexto, la modificación planteada mantiene las causas de exclusión existentes en la Ley, que afectan a empresas condenadas por delitos de corrupción, malversación, fraude y delitos urbanísticos, entre otros.

Por otro lado, el Cermi busca garantizar que los recursos públicos no beneficien a quienes vulneran la legalidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad. "El acceso a ayudas públicas debe estar reservado a quienes respetan la ley y promueven la inclusión", señaló la organización.

NUEVAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN

La propuesta del Cermi incorpora como motivos para denegar subvenciones las sanciones administrativas muy graves por discriminación, acoso o incumplimiento de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad. Además, contempla como causa de exclusión las vulneraciones en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal que hayan sido sancionadas por la administración.

De esta manera, la iniciativa pretende que las empresas que discriminen o incumplan sus obligaciones sociales no puedan ser premiadas con fondos públicos procedentes de las administraciones.

En consecuencia, el Cermi defiende que el acceso a cualquier tipo de subvención pública debe estar condicionado al cumplimiento estricto y previo de toda la normativa legal relacionada con el acceso al empleo. Asimismo, la organización considera fundamental que las empresas respeten los derechos laborales de las personas con discapacidad antes de poder beneficiarse de ayudas con dinero público.

Por lo tanto, esta medida busca reforzar el compromiso de las empresas con la inclusión laboral del colectivo y el cumplimiento de sus obligaciones legales en esta materia.

La propuesta del Cermi se suma a otras iniciativas para garantizar la plena integración laboral de las personas con discapacidad y eliminar las barreras que dificultan su acceso al mercado de trabajo. Por último, la modificación legislativa planteada pretende ser un instrumento más para avanzar hacia una sociedad más inclusiva que respete los derechos de todos los ciudadanos.