La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha impuesto la “obligación de tener que intentar un MASC antes de acudir a la vía judicial en el ámbito civil y mercantil”.

Esta medida, potenciadora de una cultura del acuerdo y, según sus promotores, “imprescindible para la consolidación de un servicio público de justicia sostenible”, podría no garantizar el acceso efectivo a la Justicia de las personas con discapacidad si no se adoptan “altos estándares de accesibilidad”, se dota de recursos y apoyos y se promueve “la formación especializada de los operadores jurídicos”.

Según destacó la Fundación Derechos y Discapacidad, la discapacidad ha recibido “poca atención en estos cauces adicionales de acceso a la Justicia”. La falta de difusión de los MASC por parte de los operadores y entidades que se desenvuelven en la órbita de la Justicia, sumada a la escasa financiación de servicios de orientación y asesoramiento previos a los procesos judiciales, así como a “las pertinaces ideas capacitistas sobre la experiencia de vivir con discapacidad”, no han permitido a las personas con discapacidad “hacer un mayor uso de los MASC como opción válida y confiable para gestionar y poner fin a las controversias que son susceptibles de someterse a estos mecanismos”.

La investigación se guía por el propósito principal de “apoyar a los operadores de gestión y resolución de conflictos”, orientándolos en “el diseño e implantación de MASC inclusivos con las personas con discapacidad”.

La FDyD señaló que asegurar unos MASC inclusivos es “una prioridad”, no solo porque contribuye a reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la Justicia que afecta a la población con discapacidad en comparación con el resto de población, sino también porque promover prácticas y estructuras en justicia seguras, respetuosas e igualitarias, donde todas las personas, independientemente de sus condiciones o circunstancias personales, expresen sus preocupaciones y participen activamente, “promueve y fortalece la cohesión social”.

La investigación, que lleva por título ‘Medios Adecuados de Solución de Controversias para la inclusión - Criterios y pautas en el acceso y atención de las personas con discapacidad’, ha corrido a cargo de la Doctora en Derecho, mediadora, experta en Derecho de la Discapacidad, consultora social y colaboradora asidua del Cermi y de la FDyD, Gloria Álvarez Ramírez.