Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, que publica la segunda adenda de prórroga para el ejercicio 2026 del Convenio entre la Administración General del Estado (AGE), Ministerio de Hacienda y Función Pública, en aquel momento, y el Cermi para la identificación de cargas administrativas y su reducción en el bienio 2023-2024.

En virtud de este acuerdo de prórroga, el Cermi informó de que hará entrega al Ministerio para la Trasformación Digital y de la Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, del "informe en el que se relacionarán los trámites identificados y las propuestas de reducción de cargas para el año 2026". El documento, de elaboración a cargo del propio comité, "se entregará, en todo caso, antes del 20 de noviembre de 2026", confirmó el Cermi.

El ministerio que encabeza Óscar López y el Cermi "vienen colaborando desde hace años en la identificación de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad en sus relaciones con la AGE, a fin de proponer su desaparición o significativa reducción, de forma que este grupo de población vea facilitada la realización de gestiones administrativas, disminuyendo su número o haciendo más cómoda su despliegue", concluyó el comité en un comunicado.