El movimiento asociativo de la discapacidad consideró que esta regulación “mejora la transparencia y la trazabilidad” de las relaciones entre las organizaciones sociales y las administraciones públicas y refuerza el reconocimiento de la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas.

La inscripción permitirá visibilizar la labor de representación e incidencia política y legislativa que desarrollan ambas entidades en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El registro, público, gratuito y electrónico, recogerá información sobre los grupos inscritos, sus representantes, financiación, ámbitos de interés y actividades de influencia, así como sus reuniones y comunicaciones con responsables públicos.