Así se expresó el responsable de la plataforma global de la discapacidad en la apertura del II Congreso sobre el derecho a decidir con apoyos, organizado por la Asociación Líber y que se desarrolla durante las jornadas de hoy y mañana en la capital aragonesa.

La Ley 8/2021 disponía que, en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, septiembre de 2021, todas las sentencias de incapacitación judicial preexistentes tendrían que revisarse para acomodarlas a la nueva regulación, centrada en los apoyos a la toma de decisiones, sin restricciones inaceptables de la igual capacidad legal de las personas con discapacidad.

En esta fecha, no sabemos aún, indicó el presidente del Cermi, cómo avanza este proceso de revisión, pero albergamos el temor, fundado, de que vaya demasiado lento y no se esté en disposición de observar el plazo.

Para ayudar a hacer efectivo este mandato, el Cermi reclama del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial un plan de choque que, partiendo de datos actualizados del grado de revisiones alcanzado, proporcione medios humanos y materiales suficientes a los juzgados para que puedan acometer esta tarea.