A juicio del Cermi, "España debería tener la ambición" de convertirse en el primer estado miembro de la Unión Europea (UE) en regular esta tarjeta. Este objetivo "no se conseguirá si no se acelera la tramitación interna del Real Decreto que debe trasponer la Directiva", advirtió el Cermi en un comunicado.

El pasado 24 de enero de 2025 se cerró, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el periodo de consulta pública previa del Real Decreto que regularía esta tarjeta en España, "sin que desde entonces se haya avanzado en los trámites que quedan, como el de audiencia pública a partir de un texto articulado, al que se puedan formular observaciones de mejora por parte de la ciudadanía".

La Directiva pretende garantizar el reconocimiento de la situación de discapacidad de los residentes en todos los estados miembro de la Unión Europea con el objetivo de evitar situaciones de discriminación de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembro cuando viajan a otro país de la Unión.

En concreto, la norma busca facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a condiciones preferentes para las personas con discapacidad en los medios de transporte o en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad.

Según el Cermi, a lo largo de los años en los que la UE ha estado trabajando en esta Directiva, España ha ejercido un "liderazgo considerable" que ahora debe materializarse en la agilización de los trámites que permitan la transposición de la Directiva europea.