Sanz Escudero compareció este viernes ante la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra "para solicitar formalmente que la Cámara foral impulse, al amparo del artículo 87.2 de la Constitución Española, una proposición de ley estatal de reconocimiento, reparación e indemnización dirigida a las personas con discapacidad". Esta legislación se centraría en personas que "fueron esterilizadas de forma forzada o sin su consentimiento, mayoritariamente mujeres y niñas adolescentes con discapacidad intelectual o psicosocial, muchas de ellas incapacitadas judicialmente y privadas de su capacidad jurídica en el momento en que se autorizó esta práctica".

El Cermi explicó que esta comparecencia se enmarcó "en el programa de actividades de la Fundación Cermi Mujeres con motivo del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas", y respondió a "una de las grandes asignaturas pendientes en materia de derechos humanos para las mujeres y niñas con discapacidad en España".

MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Durante su intervención, la presidenta del Cermin, explicó que "la esterilización forzada o no consentida fue una práctica permitida por la legislación española durante más de tres décadas, constituyendo una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad". "Hoy no venimos solo a hablar de derechos en abstracto, venimos a hablar de memoria, de justicia y de reparación", afirmó ante el Parlamento Foral.

Esta propuesta legislativa que la Fundación Cermi Mujeres, con el respaldo del Cermi Navarra, quiere promover, debe contemplar, en su opinión, "el reconocimiento oficial de las víctimas, la declaración de nulidad de los procedimientos judiciales que autorizaron estas esterilizaciones, una indemnización económica justa y adecuada, medidas de rehabilitación integral, así como acciones de reparación simbólica, incluido un acto público de perdón por parte del Estado y garantías efectivas de no repetición".

En su comparecencia, Sanz Escudero apeló "al compromiso del Parlamento de Navarra para que traslade esta iniciativa a la Mesa del Congreso de los Diputados" y subrayó "la urgencia de dar respuesta a una deuda histórica". "Muchas de estas mujeres han envejecido sin haber recibido jamás una disculpa ni un reconocimiento institucional del daño sufrido", señaló.

Desde la FCM se subrayó que esta iniciativa "no persigue reabrir heridas, sino cerrarlas con justicia, verdad y reparación". "Reconocer a las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad es una obligación democrática ineludible y una exigencia derivada de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por España. Las mujeres y niñas con discapacidad no pueden seguir esperando. El tiempo transcurrido agrava la deuda y hace más urgente una respuesta legislativa que repare el daño causado, restituya la dignidad vulnerada y garantice que nunca más una decisión sobre el cuerpo de una mujer con discapacidad se adopte sin su voluntad y sin sus derechos", concluyó la fundación.