El primer panel, moderado por la secretaria de la Comisión de Mujer de Cermi Castilla-La Mancha, Rosario Infante Hoyos, estuvo dedicado al análisis de la problemática de la trata y la explotación sexual de las mujeres y niñas con discapacidad. En él participaron la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero Pérez; la fiscal Adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez López-Tapia; la directora de Proyectos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), Ana Delgado; y la coordinadora y trabajadora social de la asociación 'In Género' en Castilla-La Mancha, Belén Jiménez.

Belén Jiménez compartió algunos de los datos con los que cuentan en su entidad. En este sentido, en 2021 intervinieron 630 espacios en 123 municipios, en las que atendieron a 4434 personas. Jiménez lamentó que más del 90% sean mujeres de origen migrante y en diferentes situaciones administrativas, generalmente en situación de vulnerabilidad por sus circunstancias y con cargas familiares. Si bien no cuentan con estadísticas concretas de mujeres con discapacidad, “en sus intervenciones observaron que algunas mujeres tienen enfermedades discapacitantes que generalmente no están reconocidas”, declaró.

Ana Delgado quiso recordar que “la trata es un delito a nivel internacional, y que consiste en la captación con coacción, el traslado y la explotación de personas, en su mayoría mujeres y niñas”. Por eso desde su entidad “trabajan con ellas y junto con ellas, no para ellas”, resaltó.

Para Delgado, la trata “es la esclavitud del siglo XXI”: “Nos convierte en mercancía, en productos que se compran y se venden. Está basado en los principios del patriarcado”, denunció. Delgado aseguró que solo se puede avanzar si se aplican las cuatro 'p': prevención, dando a conocer a los puteros y proxenetas que explotan a las mujeres; protección, garantizando recursos para mujeres víctimas de trata con discapacidad; persecución, poniendo en práctica una ley integral contra la trata, la prostitución y la explotación sexual; y partenariado, movilizando a toda la sociedad contra esta violencia que atraviesa a las mujeres y niñas de todo el mundo.

Por su parte, Caballero recalcó que “la violencia machista es un problema grave de salud pública”. A este respecto, recordó que la última macroencuesta sobre violencia machista publicada en 2019 señala que el 18% de las mujeres encuestadas afirmó que la discapacidad que tienen es consecuencia de la violencia que han sufrido. “Todos los centros de atención a mujeres víctimas de violencia deben ser accesibles e inclusivos, y contar con un personal totalmente involucrado que conozca la realidad de las mujeres con discapacidad”, reclamó.

Asimismo, María Ángeles Sánchez enfatizó la gravedad que supone el no contar con datos de mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia machista, o que son víctimas de trata y explotación sexual: “A diciembre de 2022, de todas las diligencias de violencia y explotación solamente he identificado a una víctima con discapacidad”, confesó. Para Sánchez, esto demuestra que “está fallando la detección de la discapacidad entre las víctimas de trata”, subrayó. Por ello propone establecer una presunción 'iuris tantum' en el caso de víctimas con discapacidades no reconocidas.

Finalmente, Victoria Rosell puso el foco en la necesidad de garantizar una atención adecuada por parte de las instituciones que atienden a víctimas de violencia machista, de trata y explotación sexual, prestando atención a las circunstancias, contextos y necesidades de cada mujer. "Especialmente hay que prestar atención a las situaciones de dependencia, ya que en algunos casos el abusador de una mujer o niña con discapacidad es su propio cuidador”, alertó. Rosell también explicó cómo la 'Ley del solo sí es sí’ da cumplimiento al Pacto de Estado, contemplando las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad.

Durante la mañana de hoy también se desarrollaron cuatro espacios de encuentros entre mujeres, dedicados a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, al acceso igualitario a la justicia, a la gestión de los cuidados, y al derecho a decidir.