La entidad trasladó este mensaje durante el seminario web ‘Políticas públicas locales con perspectiva de género y discapacidad: retos y oportunidades a 20 años de la aprobación de la Convención’, organizado por la Comisión de Género del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi).

La delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación Cermi Mujeres, Sara De Torres Riveiro, aseguró que, dos décadas después de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principal reto ya no reside en el reconocimiento jurídico de los derechos, sino en “su aplicación efectiva mediante políticas públicas”.

En este sentido, recordó que los derechos se materializan en ámbitos cotidianos como los servicios sociales, la educación, la sanidad, el transporte, la cultura o los recursos de atención frente a la violencia, por lo que subrayó “la responsabilidad de los municipios para convertir esos derechos en una realidad”.

Durante su intervención, De Torres advirtió de que las mujeres y niñas con discapacidad continúan sufriendo formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y sostuvo que estas situaciones “no pueden abordarse mediante políticas sectoriales o medidas aisladas”.

Asimismo, señaló que persisten importantes desigualdades en ámbitos como el empleo, la autonomía económica, la salud, la participación social y política o la pobreza, muchas de ellas “invisibilizadas por la falta de datos desagregados y de diagnósticos específicos”.

La representante de la Fundación Cermi Mujeres también alertó sobre la escasa visibilidad de este colectivo en fenómenos como la trata y la explotación sexual, la violencia sexual en el ámbito familiar, las migraciones, las emergencias climáticas o los conflictos armados, y reclamó “una mayor presencia de las mujeres con discapacidad en los espacios de decisión política y en las políticas de empoderamiento económico”.

Entre las propuestas planteadas a las administraciones locales destacó la mejora de la recopilación de datos, la realización de diagnósticos específicos, la dotación de recursos suficientes, la formación de los profesionales implicados y la participación activa de las propias mujeres y niñas con discapacidad en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas.

Asimismo, defendió reforzar la cooperación entre administraciones e impulsar acciones de sensibilización para combatir los estereotipos y prejuicios que, a su juicio, “siguen limitando el ejercicio pleno de sus derechos”.

La Fundación Cermi Mujeres concluyó que el cumplimiento efectivo de la Convención de Naciones Unidas exige “un compromiso firme de todas las administraciones públicas”, especialmente de las entidades locales, para garantizar que “ninguna mujer o niña con discapacidad quede excluida del ejercicio de sus derechos”.