La delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación Cermi Mujeres, Sara De Torres Riveiro, trasladó esta posición durante la Jornada ‘Europea iDEM’, organizada por la Fundación Cibervoluntarios, en la que se presentaron recomendaciones institucionales para avanzar hacia una democracia más inclusiva.

Durante su intervención, De Torres reclamó cambiar el enfoque con el que las administraciones públicas abordan la accesibilidad en los entornos democráticos y señaló que cuando una información pública o un proceso de participación resulta incomprensible para una persona con discapacidad, no se trata únicamente de un problema de comunicación.

“La accesibilidad no debe considerarse simplemente como una mejora técnica o como una cuestión de buenas prácticas administrativas. Es un requisito de derechos humanos”, defendió la representante de Cermi Mujeres, quien vinculó la accesibilidad de los procesos democráticos con el derecho a la participación y a la igualdad reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La entidad puso además el foco en la necesidad de incorporar de forma sistemática una perspectiva de género e interseccional en las políticas y tecnologías destinadas a facilitar la participación ciudadana.

En este sentido, De Torres señaló que las mujeres con discapacidad afrontan “barreras que pueden interactuar entre sí”, como los estereotipos de género, la dependencia económica, la falta de acceso digital o la violencia, y planteó a las instituciones la necesidad de “identificar qué mujeres con discapacidad continúan excluidas de la participación y cuáles son las causas”.

La representante de Cermi Mujeres diferenció asimismo entre facilitar el acceso a la información y garantizar una participación efectiva. Así, explicó que una mujer con discapacidad intelectual puede comprender un documento mediante herramientas como la lectura fácil y, sin embargo, continuar sin poder participar por carecer de los apoyos socioeconómicos necesarios o por vivir institucionalizada.

“La participación democrática no consiste únicamente en facilitar información, sino también en crear las condiciones para que la gente crea que participar vale la pena”, afirmó.

Respecto al uso de la inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información administrativa, uno de los ejes del proyecto ‘iDEM’, Cermi Mujeres reclamó “cautela” y defendió que estas tecnologías deben “apoyar la accesibilidad”, pero “no sustituir la responsabilidad de las administraciones de diseñar procesos accesibles desde el inicio”.

La entidad pidió además que las mujeres con discapacidad cognitiva participen directamente en las pruebas de estos sistemas para comprobar su utilidad y accesibilidad en situaciones reales.

Por último, De Torres propuso avanzar “de la consulta a la cocreación permanente” entre las instituciones públicas y el movimiento asociativo y reclamó espacios físicos y virtuales que, además de ser técnicamente accesibles, sean seguros frente al sexismo y la discriminación.

“El objetivo final no debe ser simplemente que las mujeres con discapacidad entiendan lo que dicen las instituciones públicas. Debe ser que puedan responder, participar, influir en las decisiones y ejercer el poder político en igualdad de condiciones con los demás”, concluyó.