Como parte de esta iniciativa reivindicativa, la entidad difundió además un vídeo con la lectura pública del manifiesto realizada por once mujeres con discapacidad, que ponen voz en primera persona a las demandas del movimiento asociativo. Según advirtió esta fundación, pese a los avances normativos registrados en los últimos años en materia de igualdad y derechos de las personas con discapacidad, las mujeres y niñas con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples obstáculos cuando intentan denunciar situaciones de violencia, abuso o discriminación. Esto "limita gravemente su acceso al sistema judicial y contribuye a perpetuar situaciones de impunidad".

El manifiesto se alinea con las prioridades internacionales fijadas en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, que situó como uno de sus ejes centrales el refuerzo de sistemas jurídicos inclusivos capaces de eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias, así como de abordar las barreras estructurales que afectan a mujeres y niñas, explicó la FCM. Esta entidad alertó de que muchas mujeres con discapacidad "ni siquiera llegan a acceder al sistema judicial y que, cuando lo hacen, se encuentran con procedimientos complejos, falta de accesibilidad, actitudes prejuiciosas o interpretaciones que cuestionan su credibilidad".

La organización denunció además "la persistencia de estereotipos y sesgos dentro del propio sistema judicial que afectan directamente a las víctimas con discapacidad". En algunos casos, señala el manifiesto, se producen "prácticas que invierten la carga de la prueba, se relativiza el testimonio de las víctimas o incluso se llega a atribuirles una supuesta corresponsabilidad en los hechos denunciados". Estas situaciones constituyen una forma de violencia institucional y vulneran gravemente los principios de igualdad y no discriminación, según Cermi Mujeres.

La fundación también subrayó que la falta de formación específica entre muchos profesionales del sistema judicial, junto con barreras en la comunicación y en el acceso a la información, puede intimidar a las víctimas o incluso disuadirlas de iniciar procedimientos judiciales. Por ello, reclamó "una transformación profunda del sistema de justicia" para garantizar que sea verdaderamente accesible e inclusivo, de modo que las mujeres y niñas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos.

Entre las principales demandas recogidas en el manifiesto, se plantea "la necesidad de impulsar estudios permanentes que analicen las causas del escaso número de denuncias interpuestas por mujeres y niñas con discapacidad". Además, propone realizar análisis específicos de las resoluciones judiciales en casos de violencia, explotación o abuso que afecten a este grupo social, incorporando datos desagregados y un enfoque interseccional que permita diseñar políticas públicas más eficaces. Otra de las reivindicaciones recogidas en el documento es el refuerzo de la asistencia jurídica gratuita para las víctimas con discapacidad, eliminando obstáculos económicos o administrativos y garantizando una formación especializada en discapacidad, género y edad para los profesionales del turno de oficio.

PLENA ACCESIBILIDAD AL SISTEMA JUDICIAL

El manifiesto sitúa también como prioridad garantizar la plena accesibilidad del sistema judicial, mediante "ajustes de procedimiento adaptados al tipo de discapacidad, acceso a la información en formatos accesibles, provisión de apoyos humanos y tecnológicos y la incorporación efectiva de la figura de la facilitación procesaL". Considera igualmente "imprescindible reforzar las secciones judiciales especializadas en violencia contra la mujer, infancia y capacidad", así como garantizar que las instalaciones, servicios y procedimientos judiciales sean plenamente inclusivos en todo el territorio. Otra de las medidas exigidas es la implantación de programas de formación obligatoria y continuada en género y discapacidad para todos los actores del sistema judicial, incluyendo judicatura, fiscalía, personal letrado, equipos psicosociales y profesionales forenses, con el objetivo de "eliminar prejuicios y estereotipos que condicionan la respuesta institucional".

DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

También insiste el manifiesto en la necesidad de desarrollar programas de formación y empoderamiento dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en entornos rurales o en instituciones, así como a madres de hijos e hijas con discapacidad, para que conozcan los recursos legales disponibles y puedan denunciar vulneraciones de derechos. Finalmente, reclama acelerar el desarrollo reglamentario de la figura de la facilitación procesal, concebida como un apoyo especializado que permita garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender y participar plenamente en los procedimientos judiciales.

Cermi Mujeres concluyó con un mensaje: sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin la eliminación de prejuicios dentro del sistema judicial, no puede hablarse de justicia para las mujeres y niñas con discapacidad, ni de igualdad real.