Así lo manifestó el Cermi en su documento de aportaciones a la consulta pública previa abierta por Sanidad, que se cerrará hoy, para la elaboración de un futuro real decreto por el que se establece la definición de persona electrodependiente y se regulan los criterios que acrediten esta situación a efectos oficiales.

Según explicó el movimiento social de la discapacidad, España carece actualmente de una normativa específica que defina con claridad quién es una persona electrodependiente y qué parámetros han de utilizarse para que sea reconocida como tal.

Si bien existen referencias a la situación de electrodependencia en distintas normas de carácter social y sanitario, así como en la legislación de protección de las personas consumidoras e incluso en la regulación del sector eléctrico, el Cermi echa en falta “una normativa reglamentaria que precise esta condición, establezca los procedimientos de reconocimiento y determine los derechos, la atención y las prestaciones que deben asociarse a esta situación”.

En su documento, de más de veinte páginas, el Cermi trasladó a Sanidad su planteamientos sobre la posición singular que las personas con discapacidad han de tener en este ámbito y la necesidad de que “se recoja adecuadamente en la futura norma reglamentaria”.

En este contexto, el Cermi está llevando a cabo el primer estudio amplio e integral sobre las personas con electrodependencia en España. Los trabajos que está desarrollando la plataforma representativa de la discapacidad se ha utilizado para “fijar posición en esta consulta pública y servir así como material de referencia para la elaboración de una norma reglamentaria” que atienda adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad y de muchas personas mayores que se encuentran en situación de electrodependencia.