Así lo ha trasladado la plataforma representativa de la discapacidad en España en sus aportaciones a la consulta pública previa abierta por el Gobierno para la elaboración de esta norma reglamentaria, pendiente de aprobación desde la entrada en vigor de la Ley de Voluntariado hace más de una década.

En un comunicado, el Cermi subrayó que el reglamento constituye "una oportunidad" para alinear el sistema del voluntariado con el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, conforme a la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

En este sentido, la organización plantea que la futura regulación garantice la accesibilidad universal "en toda la cadena del voluntariado, desde la información y la captación hasta la formación, el desempeño de las actividades, la evaluación y el reconocimiento de la acción voluntaria".

Asimismo, reclama que el reglamento reconozca expresamente el derecho a los ajustes razonables para las personas con discapacidad que quieran participar como voluntarias, con procedimientos claros para solicitarlos y garantías frente a su denegación injustificada.

El Cermi advirtió de que, pese a los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la ley, "las personas con discapacidad siguen encontrando barreras físicas, comunicativas, cognitivas, digitales y actitudinales para ejercer el voluntariado en igualdad de condiciones".

ORGANIZACIONES

La entidad también propone reforzar la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la gobernanza del sistema estatal de voluntariado y mejorar la producción de datos estadísticos que permitan conocer la presencia real de este grupo social en las actividades voluntarias.

Igualmente, pide que el reglamento establezca criterios de calidad para evitar "prácticas asistencialistas o paternalistas" en los programas dirigidos a personas con discapacidad y que promueva un enfoque basado en "la autonomía personal, la autodeterminación y la participación".

Entre otras medidas, el Cermi insta a incorporar la formación en derechos de las personas con discapacidad, accesibilidad y no discriminación como requisito de calidad para las organizaciones de voluntariado.

Para el movimiento social de la discapacidad, el desarrollo reglamentario de la Ley de Voluntariado debe convertir la acción voluntaria "en un verdadero instrumento de inclusión social y ciudadanía activa para las personas con discapacidad".

Finalmente, el Cermi manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio de Derechos Sociales durante todo el proceso de elaboración de la norma, aportando el conocimiento y la experiencia del sector de la discapacidad para lograr un reglamento plenamente inclusivo.