Así lo manifiestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, a la secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena, en una reunión de trabajo celebrada ayer lunes en la sede ministerial. A juicio del Cermi, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, ha sido globalmente positivo, pues ha permitido pasar de una situación de incumplimiento sistemático de la reserva de puestos de trabajo a una de cumplimiento creciente.

No obstante, considera que precisa una reforma integral que desarrolle los relevantes avances legislativos producidos desde 2004 (creación de una subcuota específica del 2 por 100 para personas con discapacidad intelectual, la elevación del 7 al 10 por 100 del cupo o a creación de unidades de apoyo a empleados públicos con discapacidad en todos los ministerios en materia de empleo público de personas con discapacidad, etc.) y resuelva numerosas disfunciones operativas que se dan en los procesos selectivos en los que participan estas personas.

Por parte del Cermi, han asistido también a esta reunión el secretario general, Alberto Durán, y la asesora de empleo público de la entidad, Isabel Martínez.