En el marco del trámite de audiencia pública, la entidad planteó que los principios de “buen gobierno, transparencia y lucha contra el fraude” se alineen expresamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el artículo 49 de la Constitución Española, recientemente reformado, con el fin de “garantizar que la arquitectura institucional de la integridad pública sea inclusiva”.

Entre sus propuestas, el Cermi solicitó que la ley establezca que todas las políticas de integridad pública “se diseñen y apliquen conforme a la Convención”, asegurando la accesibilidad universal y la ausencia de discriminación. También reclamó que las campañas institucionales de prevención y lucha contra la corrupción sean “plenamente accesibles en contenidos, soportes y canales”, de modo que “se garantice el derecho a la información y el conocimiento efectivo de los mecanismos de denuncia”.

En materia de formación, la organización planteó reforzar la capacitación del personal público en igualdad de trato y no discriminación, integrando estos contenidos en los códigos de conducta y en los deberes de diligencia del sector público estatal.

Asimismo, propuso que la contratación pública incorpore “ajustes razonables para que profesionales con discapacidad puedan formar parte de las mesas de contratación, incluya formación obligatoria en cláusulas sociales y accesibilidad universal”, y refuerce el carácter socialmente responsable de los contratos públicos.

En el ámbito tecnológico, el Cermi reclamó auditorías periódicas de los sistemas de inteligencia artificial y algoritmos utilizados en la lucha contra la corrupción para “evitar posibles sesgos discriminatorios hacia las personas con discapacidad”. También advirtió de que la digitalización “no debe suponer la supresión de canales presenciales o tradicionales”, con el fin de “no agravar la brecha digital”.

Respecto a la futura Agencia Independiente de Integridad Pública, la entidad propuso “garantizar la accesibilidad plena del canal externo” de denuncias, incorporando lectura fácil, lengua de signos, subtitulado y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Además, pidió incluir “apoyos específicos” para mujeres con discapacidad dentro del sistema de protección de informantes, con un enfoque interseccional.

El Cermi defendió que la perspectiva de discapacidad debe “integrarse en los órganos de gobernanza de la nueva arquitectura institucional”, incluido el Consejo Rector de la Agencia y los comités de integridad ministeriales, que deberán “velar por el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad y ajustes razonables”.

“La lucha contra la corrupción y el fraude debe construirse sobre un enfoque de derechos humanos que garantice la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida pública”, subrayó la entidad en su documento.