La organización trasladó esta petición en el marco del trámite de audiencia pública abierto por el departamento de Consumo sobre el proyecto de real decreto que regulará el etiquetado accesible.

El Cermi recordó que el establecimiento de un etiquetado inclusivo responde a un mandato legal aprobado en 2022 tras la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que “obligaba al Gobierno a desarrollar reglamentariamente esta materia en el plazo de un año”.

Sin embargo, denunció que el texto llega con “un retraso significativo” y con un nivel de exigencia “inferior al esperado”, al no fijar obligaciones claras a lo largo de toda la cadena de valor del consumo, lo que podría convertirlo en “un instrumento meramente orientativo y no en una garantía efectiva de derechos”.

Asimismo, la entidad subrayó que el concepto de “etiquetado accesible” no debe limitarse al uso del sistema braille sino que “debe incorporar un enfoque de accesibilidad universal que contemple soluciones adaptadas a los distintos tipos de discapacidad”.

En este sentido, defendió la incorporación de herramientas tecnológicas accesibles, como códigos QR que enlacen a entornos digitales plenamente accesibles, así como otros sistemas que faciliten la comprensión de la información a personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro del autismo o parálisis cerebral.

El Cermi atribuyó la rebaja del nivel de ambición del proyecto a “las objeciones planteadas por la Unión Europea” a una versión anterior más avanzada, al considerar que podía generar obstáculos a la libre circulación de productos. No obstante, criticó que el Gobierno español “no respondiera con suficiente determinación y optara por un texto de menor alcance”.

Pese a ello, la organización aseguró que seguirá trabajando durante la tramitación normativa, junto al movimiento asociativo de la discapacidad, para “reforzar el contenido del real decreto” y “garantizar un etiquetado verdaderamente inclusivo”.